2.4.3 LOS CONFLICTOS ELECTORALES

¿Recuerdas que el sufragio es el paso que legitima el poder, es decir que el voto ciudadano designa a sus gobernantes?. ¿Crees que has actuado o actuarás adecuadamente al momento de votar por un candidato? ¿Cuentas con la información suficiente de los partidos, personajes y tendencia de su proyecto, o si tienen proyecto definido?. Te invitamos a reflexionar al respecto, pero antes realiza la siguiente lectura.

Después de la elección presidencial de 1988 se han celebrado en el país comicios federales para renovar el Poder Legislativo, además de una gran cantidad de procesos electorales en diversas entidades de Federación, con objeto de renovar el ejecutivo local, los ayuntamientos y el Congreso Estatal. La mayoría de estos procesos han estado marcados por la desconfianza contra el propio gobierno que, a través de sus elementos, organiza y califica las elecciones.

Por otra parte, al no existir independencia entre el PRI y el gobierno, el partido oficial se ve ampliamente favorecido al disponer de recursos público para en financiamiento de sus campañas, lo cual deja en desventaja a la oposición. Entre los conflictos poselectorales más importantes de esa época, están los de Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa.

En San Luís Potosí se realizaron elecciones para gobernador el 18 de agosto de 1991. El PRI postuló a Fausto Zapata; el Frente Cívico Potosino, junto con el PAN y el PRD, presentaron como candidato al doctor Salvador Nava, quien años antes había ocupado la presidencia municipal de la capital del estado y contaba con muchos seguidores de la entidad. El PRI se apresuró a proclamar el triunfo de su candidato y las autoridades electorales a ratificarlo, antes de ello, la oposición navista señalo las anomalías del proceso electoral y organizó la resistencia a la imposición de Fausto Zapata como gobernador. El 27 de Septiembre Salvador Nava inició la Marcha de la Dignidad y la Democracia a la Ciudad de México. Fue tal el apoyo popular al candidato del Frente Cívico Potosino que el “gobernador” debió renunciar al cargo el 9 de Octubre.

El mismo 18 de Agosto de 1991 en el estado de Guanajuato se celebraron elecciones para gobernador. Fueron candidatos: por el PRI, Ramón Aguirre; por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo y por el PAN, Vicente Fox Quezada. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. Fox Quesada –presidente “panista” de la República mexicana 20002006-, afirmó la existencia del fraude electoral y organizó movilizaciones populares en todo el estado para protestar contra la ilegalidad de las elecciones y la declaración oficial del triunfo de Ramón Aguirre, hecho por el Colegio Electoral de mayoría priísta.

Pese a las protestas las autoridades declararon a la prensa estadounidense que en el caso de Guanajuato, la oposición había presentado muchas quejas pero las pruebas del fraude habían sido “muy, muy escasas”. Debido a las importantes movilizaciones de protesta iniciadas por el candidato panista, respaldadas por el PRD, y la presión de la prensa estadounidense, (The New York Times y The Wall Street Journal), Ramón Aguirre, quien para entonces ya era gobernador electo, decidió no presentarse a rendir protesta como gobernador constitucional de Guanajuato.

La solución al conflicto pos-electoral de Guanajuato no dejó satisfecho a nadie los priístas reconocían como gobernador a Ramón Aguirre y los panistas afirmaban que el triunfo pertenecía a Vicente Fox. Al darle la gubernatura a Medina Plascencia se calmaron las protestas pero se evidenció que los comicios no se rigen por la ley.

En resumen:

Después de 1988, las elecciones celebradas en México han dejado amplias dudas en la sociedad respecto a la imparcialidad de las autoridades en su organización y respeto al sufragio. El avance a la reestructuración política del país ha sido condicionado a la consolidación del proyecto económico.

En 1992, como resultado de los conflictos pos electorales, había 36 millones de mexicanos gobernados por mandatarios no electos si a estos se suma los Habitantes del Distrito Federal que por mandato constitucional no eligen a sus gobernantes, resulta que más de la mitad de la población mexicana se encuentra gobernada por personas que no ganaron el puesto en una elección popular.

En Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, Jalisco y Tlaxcala hubo gobernadores internos durante el sexenio salinista. Algunos renunciaron al cargo por conflictos pos electorales; otros, por su incompetencia para controlar los procesos electorales celebrados en sus estados y algunos más por ser llamados a colaborar por el presidente.

La lista de testados que ha sufrido interinatos o gobernadores sustitutos no es exhaustiva, podemos añadir Baja California, Sonora y Chiapas.

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  1. ¿Qué relación encuentra entre y la crisis de dominación de Estado mexicano y los conflictos poselectorales?
  2. ¿Por qué los gobiernos interinos en los estados de la Federación afectan la democracia?

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