Estructura Socioeconómica de México 2

Estructura Socioeconómica de México 2 – Sexto Semestre

1.4.1. POLÍTICA EDUCATIVA


La Reforma Educativa De Los Años Setenta Y Sus Implicaciones

Uno de los grandes logros de la Revolución es la impartición de la educación en forma laica, gratuita, nacionalista y democrática por parte del Estado. Nuestra Constitución, en su artículo tercero, establece como derecho para todos los mexicanos esta posibilidad.

De tus clases de Historia o de Estructura Socioeconómica de México I recordarás quecuando el general Álvaro Obregón asumió la Presidencia de la República, una de sus principales objetivos fue la posibilidad de ofrecer una educación laica y gratuita para todos, en su mayoría campesinos. Esta labor la continuó el presidente Plutarco Elías Calles, así como el general Lázaro Cárdenas, de quien se dice preparaba a los profesores como si fueran soldados, ya que para realizar su labor educativa encontraron la oposición de ciertos sectores del clero y algunos caciques (1920–1940).

Del gasto público siempre se destinó una partida importante para la educación, lo que se justificaba plenamente, sobre todo en épocas críticas, como el de la nacionalización petrolera, en que los ingenieros y técnicos extranjeros se marcharon del país dejando a nuestros compatriotas en grandes aprietos. En esta época se creó el Instituto Politécnico Nacional que poco a poco formo técnicos para el adecuado manejo de nuestro energético. El Estado mexicano, sobre todo desde 1960, incrementó en forma considerable su esfuerzo por aumentar el número de escuelas y profesores, con la finalidad de atender una mayor población estudiantil. De estos aspectos da cuenta la siguiente tabla, que comprende el periodo de 1960 a 1989.

Cuadro 2. Total de escuelas, alumnos, maestros del sistema educativo nacional (1960-1989)
Año Escuelas Maestros Alumnos
1960 1970 1980 1981 1982 36018 53086 101035 109592 114170 145377 316734 723793 784506 820831 5941536 11235688 20975262 22115600 22731598

Indudablemente que las cifras son motivo de interesantes consideraciones, como por ejemplo, que entre 1970 y 1980 casi se duplicó el número de escuelas de todos los niveles. Asimismo, la atención en todos los grados es cada vez mayor, aunque siempre resulta insuficiente; se atiende menos al campo que a la ciudad, se privilegia cada vez más la educación de tipo técnico que la humanística; él índice de deserción es todavía importante, entre otros muchos aspectos.

Ahora bien, Olac Fuentes Molinar, especialista en temas educativos en México, en su libro México hoy menciona (1973) lo siguiente:

  • Entre 1.5 y 2 millones de niños, del total de la población, no ingresan a la escuela, y el 35% de quienes lo hacen no alcanzan el cuarto grado de primaria.
  • De cada cien niños, 57 llegan a la segunda parte de la primaria y 46 la terminan, pero ahí interrumpen sus estudios.
  • De cada cien que inician la primaria, 30 alcanzan el término de seis años de la enseñanza media, y trece la terminan sin continuar la universidad.
  • De cada cien que entran al sistema, 10 ingresan a la universidad y un poco más de la mitad terminan la licenciatura.

Estas tendencias son el resultado de los años del desarrollo estabilizador que combinaron la ruptura del modelo económico con la problemática social de 1968, y con el desgaste del modelo que controlaba políticamente a la formación social mexicana. El esfuerzo del gobierno de la primera mitad de los años setenta consistió en darle a la población la revitalización de la idea de considerar la educación como una posibilidad de mejoramiento económico y social. Vale la pena destacar los rasgos más importantes de aquel proyecto sexenal en materia educativa por tener novedosos planteamientos, aun cuando muchos de ellos no se cumplieron:

a) Insistencia constante en los efectos democratizantes de la apertura al acceso a la educación. b) Modernización científica y pedagógica como vía para lograr una cultura social más racional y orientada a la eficiencia (lo más sobresaliente de esta propuesta fue el cambio en los libros de primaria). c) La idea constante de que desde la secundaria la escuela debe capacitar para el trabajo. Se culpa a la educación no productiva de las dificultades de los jóvenes para encontrar trabajo. d) La necesidad del diálogo, sobre todo con las instituciones del nivel superior. Aunque dicho dialogo sólo fue un monólogo en coro, ya que nunca hubo respuestas satisfactorias a las solicitudes de mayor autonomía que el gobierno interpretó como intentos de autarquía y extraterritorialidad. e) Un acentuado internacionalismo y un intento de justificación por la alineación mexicana con el Tercer Mundo y sus problemas.

Para analistas como Olac Fuentes Molinar, este intento de reforma sólo tuvo alcances de tipo ideológico, buscando el ajuste de uno de lo principales pilares del orden político y social desprendidos desde la Revolución, esto es, el sistema educativo.

El programa educativo de 1977 proponía la expansión y renovación de todos los niveles educativos: del preescolar al universitario, y se comprometía a atender aspectos tradicionalmente abandonados como la educación para adultos y el servicio materno – infantil. El plan no señalaba metas ni programas concretos de operación. A esto se sumó la salida del secretario de educación implantado Porfirio Muñoz Ledo a fines de 1977.

Durante el periodo de 1970 a 1982 esta fue la propuesta para el sector educativo por parte del Estado. Aunque cada vez fue más difícil el manejo de la política educativa en virtud de los problemas económicos, podemos apreciar que en este periodo surgen instituciones tan importantes como el Colegio Nacional de Educación Tecnológica, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que indudablemente han mejorado la atención hacia la educación.

1.4. EL MODELO DE DESARROLLO A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SETENTA


Después de analizar los planteamientos anteriores es pertinente señalar cuales son los problemas que surgieron al pretender cambiar el modelo de desarrollo anterior. Hacia el inicio de los años setenta fue necesaria una mayor participación del Estado para reanimar la actividad económica y darle una mejor orientación.

Esta mayor participación del Estado requirió de mayores gastos que permitieran cubrir la demanda de necesidades que la población y el desarrollo demandaban. A ese propósito se incrementó la expansión de las empresas públicas, las que, sin una política de precios y tarifas adecuadas, propiciaron desequilibrio en sus finanzas y en las del sector público en conjunto.

Además de la de la política de precios y tarifas subsidiadas se sumó la fiscal, que no se transformó lo suficiente como para cubrir y sanear las finanzas públicas, y mucho menos para convertirse en un instrumento de distribución del ingreso. Esta política fiscal ayudó al incremento de la inflación al apoyarse en los impuestos indirectos afectando los ingresos medios y bajos. Los impuestos que gravaron a los grandes empresarios, sustancialmente, no fueron modificados, lo que observó la fuerza de estos empresarios, aun cuando varias veces se reintento modificar el impuesto a sus utilidades.

En ese esquema deficitario del sector público, los créditos internos y externos tuvieron la función de variables de ajuste, marcando el límite al desenvolvimiento que se llevaba a cabo. Y aunque estos créditos apoyaron las finanzas del Estado, ambos afectaron otros fenómenos económicos relacionados con ellos. El crédito interno fue factor decisivo en el incremento que se gestó contra el peso hacia los últimos años del periodo echeverrista.

Respecto al comercio exterior, la política de permisos previos y aranceles continuó protegiendo a la industria nacional. Asimismo, se crearon toda clase de estímulos para el reimpulso de las exportaciones del país. El déficit cada vez mayor que se observó en la balanza comercial vino a reflejar la debilidad de la política comercial a favor de las exportaciones frente a las importaciones. Este saldo cada vez mayor, junto a la fuga de capitales, al servicio de la deuda contratada en el pasado y los gastos remitidos al exterior por los inversionistas extranjeros fueron motivo de mayor endeudamiento público externo.

Por ultimó se pretendieron crear las condiciones para estabilizar el tipo de cambio, no obstante, al no lograrlo cuando los precio se elevan, los desequilibrios se acentuaron aumentando el efecto especulativo, esto es, la demanda de dólares a una paridad de

12.50 pesos por dólar. La política de defender a cualquier precio el tipo de cambio se tradujo en una profundización de la pesada carga financiera nacional, pues dicho mecanismo atrajo fuertes presiones especulativas, lo que obligo a saldarlas mediante deuda externa. Y dado que fue hasta septiembre de 1976 cuando el Estado decidió devaluar la moneda para contener el efecto especulativo, se tuvo que soportar durante los primeros ocho meses de ese año (mostrando también desde 1975), el efecto financiero que causaba el fenómeno.

Si en un primer momento el tipo de cambio reflejó una carga financiera por mantenerlo fijo, a toda costa se buscó mantener el incremento de precios, causa principal que lo provoca. Mas tarde se tuvo que soportar el efecto de demandar dólares para obtener ganancias fáciles son sólo cambiar a esa moneda los pesos mexicanos -efecto especulativo- lo que presionó a una mayor devaluación. Es decir, el no corregir de manera adecuada el tipo de cambio, hizo que se crearan expectativas sobre ganancias en su transformación de pesos a dólares. Y es aquí donde encaja precisamente la fuga de capitales y la captación en dólares, que si en un principio funcionó para cubrirse de los riesgos, más tarde lo hizo para generar ganancias fáciles y rápidas.

El proceso que siguió la intervención del Estado en la economía encontró su nofuncionalidad hacia el desarrollo deseado ante los efectos del tipo de cambio y la devaluación. No obstante, los objetivos planteados y su limitada instrumentación ciertamente propiciaron cambios, aunque sin afectar seriamente los intereses del sector capitalista privado, por lo que las medidas adoptadas se tradujeron en una ampliación del desarrollo observado desde antes de los años setenta, el cual se había estrechado a causa de las políticas del desarrollo estabilizador.

Las deficiencias residieron no tanto en lo que se llevó a la práctica en esos momentos sino en lo que no se llevó a cabo desde las décadas pasadas. Además, los cambios realizados en estos años tuvieron que contemplar también la crisis por la que atravesó el Capitalismo a nivel internacional que, dada su estrecha relación, fue un elemento más por considerar en las transformaciones estructurales que se pretendían.

Se puede decir, entonces, que los esfuerzos por reconstruir el pasado en medio de condiciones nacionales e internacionales distintas no encontraron eco positivo para llevarse a cabo.

3.1 SEGUNDA ALTERNATIVA EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS


Como vimos, los cambios realizados a principios de los años setenta permitieron dar cierto giro al desarrollo del país, pero con el desbordamiento de otros problemas relacionados con el proceso. La administración del gobierno que le siguió tubo que enfrentarse, en el inicio de sus funciones, a la acumulación de problemas, cuya expresión más reciente lo había presentado la devaluación, a la par de las tensiones políticas y sociales.

Dichas condiciones marcaron las pautas para realizar reformas, entre ellas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener ayuda del exterior y encarar la crisis. En agosto de 1976, el gobierno mexicano firmó una carta con el FMI en la que se comprometió realizar modificaciones según los planteamientos de este organismo. En ello se privilegió a los mecanismos y fuerzas del mercado, esto es, disminuyó la participación del Estado, como instrumento idóneo para regular y restaurar la actividad económica. Fueron estos mecanismos los que readecuarían el aumento de productividad y las condiciones internas para enfrentar los desequilibrios existentes, y tratar de disminuir la dependencia con el exterior.

De esa manera, el gobierno tuvo que realizar ajustes al intervenir en la economía, entre los que destacan: reducción del gasto público y de la oferta monetaria, liberalización del comercio exterior, aumento de las tasas de interés, devaluación del peso y contracción salarial.

Con las medidas se pretendió detener la participación del Estado en la economía y disminuir el déficit. Se permitiría con ello reducir el problema de la deuda con el sector externo, así como la deuda interna que ocasionaba presiones a la inflación. Tales medidas propiciaron una contención en el desarrollo del país, por la reducción que se enmarcó sobre el gasto público.

En 1977 el gobierno realizó la que se dio en llamar Alianza para la Producción, medida que estuvo encaminada a incentivar la inversión e impulsar la modernización del aparato productivo, a través de la concertación con los grupos sociales.

A partir de 1978 los planteamientos señalados sufrieron modificaciones por la trascendente aparición de la riqueza petrolera en el país. Se pusieron en práctica medidas contrarias a las acordadas, entre las que destacó nuevamente la expansión del gasto público.

Los siguientes objetivos, que el gobierno postuló desde sus inicios, fueron retomados para buscar el desarrollo del país: fortalecer la Independencia de México, proveer empleo y un mínimo de bienestar, promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente y mejorar la distribución del ingreso.

Estos objetivos definieron el comportamiento del sector público en sus estrategias postuladas como la base para el cambio estructural. Las medidas contempladas por el nuevo gobierno se estipulaban de manera parecida a las que en su momento se habían tratado de llevar a cabo.

Asimismo se buscó un reordenamiento de los problemas que se generaron en el periodo Echeverrista, como el que se planteó con la eliminación de todas aquellas empresas públicas que resultaron ineficientes, y que no cumplieron los objetivos sociales planteados, así como crear otras consideradas como prioritarias en regiones y sectores dinámicos de la economía.

El descubrimiento de los nuevos yacimientos petroleros y el aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, permitirían al Estado el respaldo de las acciones tomadas para el desarrollo nacional.

El crecimiento se acelero rápidamente desde 1978 como se observó en el Producto Interno Bruto (PIB), que obtuvo un 8.4% en promedio de 1978 a 1981, cuando en 1977 lo había hecho de sólo un 3.4%. Este elevado promedio se explicó así por los ajustes que el gobierno realizó hacia es año de 1978, donde el expansivo gasto público fue determinante en el proceso.

Fue esta expansión del gasto público lo que permitió que se fortalecieran las actividades del capital privado, creando un crecimiento del PIB y un elevado numero de empleos. El mismo efecto de bonanza propició demanda de bienes producidos en el país, así como importados que crecieron a tasas muy elevadas, lo que determinaba la dependencia del aparato productivo hacia el exterior.

Esa demanda pudo ser atendida con capacidad productiva interna, pero mayormente con importaciones las cuales fueron posibles por el aumento gradual de las exportaciones petroleras, así como de una activa contratación de crédito externo del gobierno y de los particulares.

De esta forma, las exportaciones de productos manufacturados comenzaron a perder importancia relativa en el total de las exportaciones, en contraste con la industria petrolera que aumentaba considerablemente. Esta estrategia fue trascendente en la medida en que perdió dinámica el impulso de las exportaciones manufacturadas iniciado por el gobierno anterior, hasta en grado de convertir a la economía mexicana en una economía puramente petrolera. El resultado: depender exclusivamente de las expectativas que pudiera tener este recurso, por lo que, al sufrir severos desequilibrios la economía también resentiría esos efectos.

Se puede resumir que el sector petrolero no permitió por sí solo equilibrar las finanzas del Estado, dado el expansivo gasto que realizó, ni balancear el crecimiento comercial del país con el exterior, lo que reflejó la fuerte dependencia del aparato productivo del país respecto al auge petrolero. El horizonte de buenos ingresos cayó hacia 1981 y 1982, agravando los desequilibrios estructurales padecidos años atrás.

imagen1

1. Consulta con tu profesor, así como en libros y revistas sobre los años 1982 y 1983, para explicar si con lo nuevos planteamientos del gobierno en turno se pretendió transformar de manera radical el modelo de desarrollo que venía operando en el país, o si continuó con el mismo.

1.3 PRIMER INTENTO DE REORGANIZACIÓN ECONÓMICA


Para adentrarse en el tema nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los aspectos que se retomaron para modificar los problemas económicos? Pues bien, lo objetivos que se plantearon a comienzos de los años setenta para reimpulsar el desarrollo del país se pueden sintetizar en los siguientes puntos básicos, como lo señala Américo Saldívar8:

  • Crecimiento económico con distribución del ingreso.
  • Reforzamiento de las finanzas públicas y del sector paraestatal.
  • Reorganización de las transacciones internacionales y reducción de la deuda externa.
  • Modernización del sector agrícola y aumento del empleo.
  • Racionalización del desarrollo industrial.

A partir de estos objetivos se pretendió dar una nueva orientación a las bases que sustentaron el modelo de desarrollo estabilizador, que se dio gracias a un ritmo de crecimiento alto, sin tomar en cuenta los costos sociales que implicó llevarlos a cabo.

Los nuevos planteamientos significaron implícitamente recuperar la autonomía en la iniciativa de la política económica que se había perdido en años anteriores. E l proyecto estatal para lograrlo requería el apoyo de la clase trabajadora, con intención de lograr un equilibrio de fuerzas al pretender reducir el de la clase empresarial.

A comienzos de los años setenta se intentó retomar el crecimiento económico, ha partir de una mejor distribución del producto. De esa manera se intentaba atacar una de las grandes deficiencias con las que finalizaba el modelo anterior, la gran concentración del ingreso.

El crecimiento económico fue el objetivo central a realizar. La tarea consistió entonces en apoyar el crecimiento con mayores inversiones por parte del sector público, así como del sector empresarial privado.

A partir de 1971 el gasto público trató de responder a las necesidades de crecimiento que se requerían. No obstante, considera que este gasto público no lo realizaba el Estado directamente como agente empresarial, es decir, parecido a la iniciativa privada. En su gran mayoría, esos gastos públicos se aplicaron tratando de fomentar y alentar a la iniciativa privada. Esto es, crear obras de infraestructura (carreteras, comunicaciones, puertos etc.), empresas públicas (Pemex, Fertimex, Siderurgia Nacional, etc.), empresas de tipo social (salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios), y de seguridad social, que permitieran apoyar el desarrollo junto con la iniciativa privada. Cierto es que estas acciones del Estado permitan favorecer buena parte de la población elevando su nivel de vida, pero resultaba de esta forma un impulso a la capitalización del sector privado, al ofrecer esos tipos de bienes ampliamente y a precios bajos. El no realizar el gasto con

Saldívar, Américo:” Los límites del llamado Desarrollo Compartido 1971-77”, en Estructura económica y social de México. Quinto Sol, México

fines lucrativos, como lo hace la iniciativa privada, sino tratar de impactar en el ámbito social, dio como consecuencia que los ingresos percibidos fuesen menores a lo gastado.

Si a los menores ingresos se le suma una política fiscal incapaz de corregir adecuadamente la captación de ingresos estatales, vía la carga tributaria, era obvia una situación de desequilibrio en las finanzas públicas a través de los años.

El efecto de las reformas tributarias se tradujo en mantener el criterio de que la captación de ingresos por esta vía no debería afectar la decisión de los capitalistas privados para invertir. Con este panorama, las reformas se inclinaron a gravar paulatinamente en mayores porcentajes los ingresos de las personas físicas en contraste con las utilidades de las empresas, por temor a que no realizaran inversiones y detener el proceso productivo; hacia 1970 el impuesto de las sociedades empresariales representó el 24.8% del total de los ingresos tributarios, en tanto que para 1976 fue del 20.2%.

Lo anterior significó que los ingresos de los asalariados se redujeran por el mayor peso de los gravámenes tributarios, cuando además, la espiral inflacionaria cobraba fuerza hacia mediados de la década de los años setenta. Lo que sucedió en el plano de los ingresos a los asalariados vino a reflejar el incumplimiento en la mejora de la distribución del ingreso planteado por el gobierno a inicios de los años setenta. No obstante, se debe considerar la distribución que realizó el Estado a través de la creación de infraestructura y del subsidio de muchos productos que, indirectamente, benefició a la población.

Resumiendo, los dos primeros objetivos planteados a comienzos de los años setenta no se llevaron a cabo sin correlacionar otros efectos. Esto es, el Estado apoyó el crecimiento económico a costa de expandir su gasto, pero al no obtener ingresos equivalentes, se produjeron desequilibrios en sus finanzas. A ello se sumo la imposibilidad de realizar un ajuste fiscal inclinado a gravar las utilidades de las empresas que permitieran mayores ingresos tributarios. Este último implicó que las reformas fiscales cayeran sobre las personas físicas, lo que detuvo la distribución del ingreso en este sentido, no obstante, los beneficios que se obtuvieron por la infraestructura y servicios sociales creados por el Estado.

El siguiente objetivo que contempló el gobierno en turno encontró serios obstáculos para llevarlo a cabo. La reorganización del país frente al sector externo no resultaba fácil cuando se necesitaban capitales y bienes del exterior para el funcionamiento de la economía; la fuerte dependencia tecnológica que encerró al país antes de los años setenta, y que se habían consolidado como grandes fuerzas que delineaban el aparato productivo fueron los aspectos más trascendentes que llevaron al emergente gobierno a reformular su relación con el sector externo.

Los intentos de recomposición para oponerse ante tal situación resultarían infructuosos dado el papel con el que participaba el país en el juego de las relaciones del Capitalismo internacional. La producción especializada, los mercados y las necesidades de financiamiento, marcaban el paso de las relaciones del país con el exterior, y al mismo tiempo impidieron un mayor éxito en las reformas planteadas.

El deseo de superar los problemas del país frente al sector externo sin recurrir al endeudamiento masivo resultaba la estrategia clave del gobierno. En este nuevo planteamiento el aparato industrial pasaba a tener la función central, ya que una mayor dinámica del sector para exportar brindaría más recursos de divisas y con ello equilibrar el saldo con las importaciones.

Los intentos por llevar a cabo dichas medidas obligaron a una revisión del sistema de protección a los productos exportables, a fin de lograr una mejor competitividad de los artículos manufacturados nacionales. Al respecto resaltan las ventajas fiscales que se dieron a las empresas exportadoras. El proceso requirió también que el gobierno llevara a cabo una diversificación de los mercados externos para los productos mexicanos de exportación. Sin duda el nuevo planteamiento de estimular las exportaciones de productos manufacturados trataba de desplazar la estrategia de industrialización, vía sustitución de importaciones, utilizada por el Estado en años anteriores.

Las exportaciones manufacturadas crecieron de 36.7% en 1970 a 70.5% en 1976, al participar en el total de las exportaciones. Sin embargo, hay que considerar que, como lo señala Héctor Guillén,9 buena parte de ese incremento se produjo en un contexto mundial en recesión que permitió el reforzamiento de exportaciones manufacturadas de la periferia -entre ellos México-, y de una gama bien definida de productos industriales, como los siguientes: textiles, cuero, zapatos, metales no ferrosos, entre otros. En este plano fue importante el aumento de las maquilladoras instaladas en el norte, de las que una parte considerable de sus transacciones se incluye en la exportación de las manufacturas. Ambas consideraciones le restaron importancia a las cifras mencionadas, ya que no se logró una penetración mas marcada y de manera sostenida de productos con mayor contenido industrial, y sin el apoyo, a la vez, de este sector externo para elaborar tales productos.

No se puede negar que la medida por mejorar la relación con el exterior era acertada para lograr librarse de las ataduras internacionales. No obstante, la necesidad de insumos importados, especialmente en el aparato industrial, dio lugar, aun con volúmenes mayores de exportación y con ellos de divisas, aun saldo desfavorable de éstas, y con ello de necesidades de financiamiento. Esa fue una razón para seguir acudiendo al financiamiento externo, que se profundizó también con el saldo deficitario de las finanzas públicas. Así también, se expresó una excesiva participación de la inversión extranjera, debido a la drástica reducción de los inversionistas nacionales por expandirse en el mercado nacional, al observar la falta de las mismas condiciones de años anteriores, a través de la política fiscal y comercial.

El crecimiento en la participación de la inversión extranjera, el aumento de tecnología importada a la industria, y los mayores créditos externos, reflejaron el estancamiento de cambios sustanciales frente al sector externo. En lugar de ello se perfiló una mayor dependencia del país frente a ese sector que sin dudad ayudó a precipitar la crisis económica que experimentó el país en 1976.

Esta situación evidenció la necesidad de llevar a cabo la modernización del sector agrícola siguiente objetivo planteado- después de los resultados en la caída de su producción mostrados a fines de los años sesenta. Según estos resultados, conseguir alzas a la productividad de aquellos bienes de la dieta principal del mexicano se volvió más difícil. El problema agrario representó un importante impedimento para el nuevo

Guillén Romo, Héctor: Orígenes de la crisis en México, Era, México, p. 107.

modelo de desarrollo que se quería realizar. La falta de garantía en el abastecimiento de la alimentación básica del trabajador industrial se tornaba en una base de apoyo difícil de sustituir cuando el salario se rezagaba en comparación con los precios. En otras palabras, el desenvolvimiento del sector agrícola que se obtenía a expensas de las prioridades industriales de producir alimentos para la población, de crear volúmenes de exportación que generaban divisas para importar bienes industriales, se detenía por los problemas que presentaba el sector.

El déficit de productos agrícolas, principalmente de aquellos de la alimentación básica nacional, se tornó más aguda a partir de 1972. La respuesta que el Estado había contemplado desde el inicio de los setenta, fue más fuerte y dinámica para atenuar la crisis del sector.

Asimismo, se buscó ampliar ala superficie de cultivo, crear mayores empleos en el campo, producir para el mercado interno y hacia la exportación, modernizar los métodos de cultivo y realizar una mayor explotación del agro al canalizar inversiones, innovaciones tecnológicas y tratar de industrializar los productos agrícolas. De ello da cuenta la inversión pública que se multiplicó alrededor de dos veces para el fomento agropecuario entre 1972 y 1976, así como en el aumento del crédito bancario.

En el mismo proceso de mejoramiento se pretendió hacer más lucrativo el cultivo de productos básicos con incremento en los precios de garantías, los cuales alcanzaron una alza de alrededor de 1.4 veces en los años de 1972 a 1976.

En los aspectos legales también se realizaron reformas, como la aparición de la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, la Ley Federal de Aguas en 1972, y la permanencia del amparo agrario. Aparecieron organismos para apoyar tales cambios como la Promotora Nacional para la Producción de Granos Alimenticios, la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario; se fusionó Almacenes Nacionales de Depósito con Bodegas Rurales Conasupo y otros. También se ampliaron las funciones de las dependencias implicadas en el sector, de todo ello con la finalidad de dar mejor participación y funcionamiento al sector.10

Hacia 1976, al finalizar el gobierno en turno, las fuertes discrepancias que se opusieron al cambio del sector privado, el elevado burocratismo que conllevo ineficiencias administrativas internas y la corrupción, sin duda delimitaron el esfuerzo por transformar las estructuras del mismo.

Este esfuerzo, sin embargo, no deja de ser un gran intento por dar fluidez a los aspectos agrícolas, resolver problemas de desempleo en el sector y, de manera general, brindar un mayor bienestar a la población del acampo.

Se puede decir que al término del gobierno de Echeverría los logros alcanzados en materia agrícola pasaron casi desapercibidos, como se observó en su producción, así como en la dependencia de bienes primarios con el exterior. El esfuerzo se tradujo en hacer aparecer otros problemas ligados a ellos que debieron atenderse en la siguiente administración. Respecto al último objetivo planteado, en cuanto a los cambios en el sector industrial, de llevaron a cabo medidas que permitieron redefinir su participación en

10 Ángeles, Luis: Crisis y coyuntura de la economía mexicana. 4ª. Ed., El Caballito, México, 1984, pp.65-76.

el desarrollo económico. El desarrollo estabilizador se caracterizó por mantener. Como objetivo central, el impulso al sector industrial y así modernizar los sectores productivos. Fue así que se delinearon una serie de instrumentos que permitieron darle una mayor fluidez y empuje. Entre éstos destacan un creciente proteccionismo, los incentivos fiscales, el instrumental jurídico, así como la participación vigorosa del Estado como promotor al crear obras básicas de infraestructura y en la producción de bienes y servicios ofrecidos por el sector paraestatal. No menos importantes en el proceso resulto el control político sobre el trabajador, que permitió mantener bajos salarios.

Esta serie de medidas para favorecer un mayor desarrollo industrial dio como consecuencia una industria altamente protegida y que los grupos empresariales fortalecieran su poder y dominio. Y fueron ellos mismos quienes presionaron, mediante todos los medios a su alcance, para continuar esas medidas proteccionistas en los años setenta.

De esta manera se buscó aumentar su eficiencia en términos de competitividad con el exterior, así como promover su desarrollo con medidas de descentralización y aliento a las pequeñas y medianas empresas. Se crearon organismos con el fin de apoyar estrategias tales como el Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria (Fogain), el Fondo Nacional de Fomento Industrial (Fomin), entre otros. Las normas jurídicas también conocieron cambios como la Ley sobre el Registro de Transferencia y Tecnología, la de Uso y Explotación de Patentes y Marcas, la ley para promover la inversión extranjera, etc. La medida más trascendente sin duda fue la desaparición de la regla XIV de la Tarifa del Impuesto General de la Importación por una nueva ley, en la que se amparaban muchos importadores de artículos no necesarios.

Las nuevas medidas permitieron cambiar en sustancia el carácter paternalista con que se venia desarrollando la industria en años pasados. Ciertamente al sector industrial se le siguieron brindando concesiones para expansión, sin embargo, este tipo de concesiones no fueron tan extremistas, lo que propició las tan abundantes ganancias del sector y que lo llevó a controlar el mercado en unas cuantas firmas, como se observó en la década de los años setenta.

Fueron estos cambios en el sector industrial, junto con las reformas fiscales, lo que originó, sin duda, el descontento y el enfrentamiento del sector privado con el Estado. La negligencia que éste mostró al invertir y expandirse en casi toda la década de los años setenta lo vino a demostrar.

Podemos concluir que los planteamientos de reformas durante esta transición sexenal hicieron posible reorientar el modelo de desarrollo seguido hasta fines de los años sesenta. Por otro lado los cambios que se pudieron obtener por tales medidas dieron lugar a otros problemas presentados en el mismo proceso y que precipitaron una crisis en 1976. Fue por ello que no se pudo hablar de una corrección adecuada en el modelo, y también que no se corrigieran los graves problemas estructurales que se observaron en el desarrollo del país hasta el inicio de la siguiente década.