Estructura Socioeconómica de México 2

Estructura Socioeconómica de México 2 – Sexto Semestre

2.4.1 LA REFORMA DEL PRI


¿Crees qué el PRI ha sido el causante de todos los males del país?, si es así, ¿cómo has participado para cambiar esa situación?. ¿Crees que cambiando el partido en el poder cambiarán las cosas?, ¿qué dices entonces de la ascensión del PAN al poder Ejecutivo? Desde su fundación en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), hasta 1946 en que llegaron a la Cámara de Diputados cuatro representantes del Partido Acción Nacional (PAN), todos los puestos de elección popular estuvieron ocupados por miembros del PRI. Desde 1946 hasta 1988 los partidos de oposición tuvieron una presencia casi nula, algunas veces obtuvieron algunas diputaciones locales o ganaron algunos municipios, pero nunca un lugar en el Senado o alguna gubernatura. Los diputados federales de oposición llegaron a ocupar sus puestos, no porque perdiera el candidato del PRI, sino en virtud del sistema de representación proporcional introducido en 1964, y que permitió acreditar diputados de partido cuando se obtenía el 0.5% de la votación a favor del partido acreditante.

La duración del partido oficial en el poder durante tanto tiempo y prácticamente sin contrincante al frente se explica por las circunstancias en las que se formó el Partido Nacional Revolucionario, que después seria el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y por último el PRI.

Concluida la etapa armada de la Revolución mexicana, las fuerzas políticas, sociales y militares se encontraban dispersas y enfrentadas como consecuencia de la lucha por el poder que protagonizaban los caudillos de esta etapa de la Historia de México.

El general Plutarco Elías Calles, artífice de la institucionalización, fundó el PNR con el fin de “fortalecer la institucionalización y permitir la transmisión de la banda presidencial de una manera pacífica y no por medio de las armas; además, pretendía afianzar la centralización del poder federal, lo cual fortalecería al Estado mexicano…” 18

Así, la fundación del PNR consistió en aglutinar a todos los grupos que se disputaban el poder y servir de cauce para dirimir y regular las divergencias presentadas. Lo más característico es que nació como una organización de la sociedad, de aquí su relación con el gobierno y su dependencia, lo que, aunado a la falta de oposición real, lo convirtió en un partido de Estado.

El PNR constituyó un gran avance político en la medida en que convirtió en conflictos internos del partido lo que antes era rebelión, lucha armada y anarquía. Ello se logró suprimiendo toda disidencia fuera del partido y convirtiendo al general Calles en el “jefe máximo de la Revolución” y árbitro de todos los conflictos. En sus orígenes, el PNR fue marcado con sus características más notorias: ser un partido de Estado y no admitir la oposición por miedo a que volviera la anarquía.

Con la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, y la expulsión de Calles del país, el PNR sufrió importantes transformaciones y que fue controlado directamente por el presidente en turno. Cárdenas pensaba implantar los principios de la Revolución Mexicana y cumplir su programa social, sobre todo la reforma

Fascículo 2. Estructura socioeconómica de México I, p.21 CB, 1993

agraria, lo que requería el apoyo social, fundamentalmente de obreros y campesinos, para poder someter a los sectores que se verían afectados con la reforma social. Para lograrlo, Cárdenas otorgó fuerzas y posibilidades de participación tanto a las ligas agrarias como a los sindicatos obreros.

El general Cárdenas reorganizó el partido oficial agrupando a los miembros en sectores, lo cual fue posible gracias a la concentración de poder en la figura del presidente de la República. Así, encontramos un partido de Estado, bajo el control del presidente en turno y una oposición casi inexistente hasta fines de la década los ochenta

En 1934 el partido oficial logró el 98% de la votación, su hegemonía se encontraba más que consolidada y le autorizaba hacer concesiones permitiendo el surgimiento de organizaciones opositoras. Esto no constituía algún riesgo para el sistema político y le permitía ostentarse como un sistema democrático. Aprovechando la apertura del régimen, en 1936 se constituyo la Unión Nacional Sinarquista que en 1939 se transformo en el Partido de Acción Nacional (PAN).

En la etapa del “desarrollo estabilizador” (1954-1970), el control de las masas mediante su incorporación a los sectores del partido oficial, su captación política y el control de voto en su favor fue posible gracias a la política social del régimen que destinó gran cantidad de presupuesto de gasto público a prestaciones sociales: educación, vivienda, subsidios de transporte, alimentos salud, etc., y a la mejora salarial, mínima pero constante.

Mientras el régimen aumentaba su gasto social, el gobierno y su partido fueron controlados cada vez más por el presidente, quien decide sobre toda candidatura e incluso elige a su sucesor. Mediante de disciplina de partido somete a los poderes legislativos y judicial y controla a los gobernadores de los estados. Asimismo, designa y promueve libremente al presidente del PRI, perfilándose lo que posteriormente se conocerá como el presidencialismo del sistema político mexicano.

El sistema político mexicano, autoritario y presidencialista, de partido único o casi único, con elecciones sin transparencia y un electorado cautivo, -como seguirá siendo hasta que la población pueda tener conciencia plena de su papel como ciudadano y como mexicano- enfrentó serios problemas en 1968. La cerrazón de espacios para la participación política, el agotamiento del modelo económico en que los obreros y campesinos poco a poco fueron excluidos de las acciones del gobierno, la inquietud política en universidades y centros de educación superior, los brotes guerrilleros y el activismo sindical se convirtieron en indicadores que alentaron a la clase política a plantearse la necesidad de hacer cambios si deseaban mantener su dominación.

Con el objeto de disminuir el descontento social, el gobierno de Luis Echeverría (19701976) destinó grandes cantidades de presupuesto y contrató deuda externa para realizar obras y proyectos de tipo social como implemento de la “apertura democrática”. Sin embargo, esta política no modificó el estatismo y el corporativismo que sustentaban la dominación política, ni abrió espacios para la participación social en la solución de los grandes problemas nacionales y mucho menos contempló la necesidad de realizar una reforma profunda del partido oficial.

Durante el gobierno de José López Portillo se realizo una reforma (1977) encaminada a fomentar la actividad de los partidos políticos y aumentar su representación política mediante el incremento del número de miembros de la Cámara de Diputados y la figura de los diputados de representación proporcional. Además de disminuir los requisitos para otorgar su reconocimiento a los partidos políticos y se creó la figura de “las asociaciones políticas” para dar cabida a grupos que no podían cumplir con los requisitos de la Ley Electoral para constituirse en partidos políticos.

La reforma iniciada por López Portillo no avanzó en la democratización de los procesos electorales, pues conservó la centralización, organización y vigilancia de los comicios a manos de la Comisión Federal Electoral, órgano dominado por el gobierno y por el PRI. De tal manera, el gobierno era (sigue siendo) juez y parte en la calificación de las elecciones.

El boom petrolero experimentado entre 1977 y 1982 legitimó al régimen debido a la bonanza económica producida, lo cual permitió postergar la reforma política. Aún en 1982, la crisis económica no planteó para el gobierno una necesidad de reforma del partido oficial.

El creciente deterioro de la economía llevó al gobierno de Miguel de la Madrid (19821988) a adoptar una política económica contraria a los interese de la mayoría de la población. La reducción del gasto público para disminuir el déficit fiscal condujo a una seria disminución en las prestaciones sociales, así como la medida tendente a reducir la inflación con una contracción de la demanda, -vía caída de salarios y precios de garantía de los productos agrícolas- provocaron fuertes rechazos de la población afectada.

Debido a ello, empezaron a fallar los medios tradicionales de apoyo de los sectores a las políticas del gobierno. Los sindicatos y organizaciones campesinas que antaño controlaban a sus agremiados y apoyaban la política gubernamental en las elecciones del PRI, dejaron de recibir beneficios y se convirtieron en simples transmisores de la voluntad del gobierno para que la acataran los sectores, perdiendo sus líderes toda legitimidad. Por otra parte, la clase media vio deteriorarse los niveles de vida que había alcanzado.

La administración puso en práctica una política económica contraria a sus antecesores y dio perfil a lo que en el sexenio siguiente caracterizaría al Estado mexicano en el aspecto económico: retraimiento del Estado en la economía; estímulo la iniciativa privada como dínamo de la producción; saneamiento de las finanzas públicas, reduciendo gravemente el gasto en servicios y subsidios y a la economía dirigida hacia el exterior.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el descontento social y la oposición a la política gubernamental se manifestó al sufrir el PRI sus primeros descalabros electorales. En las elecciones federales para presidente de la República, el partido oficial consiguió una de las más bajas votaciones de la historia.

La situación electoral del PRI se agravó en el proceso electoral federal para el periodo 1988-1994: los resultados de los comicios para presidente de la República alertaron a la clase gobernante. Ante ello, el nuevo mandatario convocó a una asamblea del PRI donde se planteó la necesidad de reformar al partido, teniendo en cuenta la formación de nuevos bloques, el derrumbe de viejas hegemonías y la democratización de América Latina. En lo interno se habló del predominio de la población urbana y joven, y la aparición de una clase media diversificada.

El secretario general del PRI y el propio presidente fueron eco de las demandas sociales que reclamaba democracia, honestidad en la administración pública, democracia interna en los sindicatos, organizaciones empresariales y campesinas, democracia en la designación de candidatos a puestos de elección popular, tolerancia y pluralismo al interior del partido.

La designación de candidatos a puestos de elección popular sigue centralizada; la participación de las bases del PRI en la selección de candidatos ha sido muy limitada, lo cual ha ocasionado que los priístas no apoyen con su voto, en algunas regiones, al candidato de su partido impuesto por el centro. El PRI ha obtenido avances en la claridad del origen de sus recursos, pero su relación con el gobierno sigue siendo altamente cuestionada.

La estructuración territorial del partido para constituirse en un partido de ciudadanos más que en un partido de sectores, sigue siendo una meta por realizar, una tarea por cumplir.

En conclusión.

La reforma del PRI marcha muy lentamente, pero la demanda de cambio es un hecho que se produce entre los mismos militantes y directivos del partido que, de no flexibilizarse este último, estará destinado a desaparecer.

El paso de partido oficial a partido de oposición, dio muestras claras de la necesidad de reestructurar no sólo al PRI, sino al sistema político. En la lucha por el poder, todo se vale, y algunas facciones de ese partido estorban al desarrollo hacia afuera, a los objetivos de la globalización. La contienda es ardua, y no sólo será ejemplo de ello, la imagen deteriorada de partido y militantes, sobre todo a raíz de la disputa Madrazo – Labastida, dando algunos elementos para el triunfo de Fox.

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Con la intención de reafirmar tus conocimientos, responde a lo siguiente:

  1. ¿Cómo afectó la política económica de De la Madrid al partido oficial?
  2. ¿Cómo explicarías la crisis del Estado corporativo mexicano?
  3. ¿Crees que sea necesario reformar al PRI para lograr la democracia en México?
  4. ¿Crees que el debate Madrazo – Labastida afectó al PRI? ¿Por qué?
  5. ¿Por qué el PAN tuvo la oportunidad de triunfar en la contienda electoral del 2000?
  6. ¿Qué sugieres que ocurra hacia la mitad del siglo XXI, a partir de la polémica de inicios del XXI?

2.4. LAS REFORMAS POLÍTICAS


La reforma de Estado que se inició con Miguel De la Madrid y continuó con Carlos Salinas de Gortari avanzó espectacularmente en materia económica, pero en el aspecto político los cambios han sido menores, lo cual ha originado una demanda permanente de la sociedad de reestructurar el Estado en aspectos políticos y sociales.

La sociedad mexicana demanda un Estado de Derecho en el que la Constitución y la Ley, así como el voto ciudadano, se respeten ampliamente, y se garanticen elecciones limpias y claras en sus resultados; un sistema político en el que existan mayores espacios de participación social; un Estado con una autentica división de poderes donde prevalezca la soberanía de los estados y la autonomía municipal; en suma, un Estado democrático.

Por su parte, las cúpulas del poder proponen –y han venido imponiendo- un modelo de Estado de corte neoliberal, que busca la privatización de empresas públicas y reduce su intervención en la economía, dejando la conformación social al libre juego del mercado con objeto de abrir espacios a la iniciativa privada y a los sectores sociales dentro del proceso productivo, propiciando una economía más competitiva y con miras al mercado exterior.

En el concepto anterior de Estado, el acatamiento de las demandas sociales –de mayor democracia y justicia social- propone para el momento que las reformas económicas se consoliden: la Reforma política está supeditada al éxito y consolidación de la estructura económica.

El proyecto neoliberal de Estado y el de importantes sectores de la sociedad que pugnan por un Estado benefactor, social e intervencionista, emanado de la Revolución mexicana, se contradicen provocando tensiones, logrando avances o retrocesos hacia el Estado democrático.

La reestructuración económica y las presiones de los grupos sociales afectado por el nuevo modelo de desarrollo han hecho necesaria una reforma política y han obligado al poder a redefinir sus relaciones con la sociedad.

La reestructuración económica iniciada en 1982 a raíz del agotamiento en la acumulación basada en la producción de bienes de consumo duradero para el mercado interno, se apoya en la vieja nominación corporativa (sometimiento y control de sindicatos), y en las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno para enfrentar la crisis. Sin el control de los sindicatos, el gobierno hubiera encontrado una fuerte oposición a su proyecto económico. Por lo mismo, Salinas mantiene vigente el aparato corporativo y condiciona la reforma política a la previa consolidación de su proyecto económico.

Sin embargo la sociedad se revela contra el corporativismo, el partido de Estado y el presidencialismo; exige mayores espacios de participación en la vida nacional y presiona al régimen para que acelere la reforma política.

En el mismo orden de ideas nos encontramos con un Estado minado por su desfase de la realidad, dominación corporativa que influye por todos lados, ampliación y aumento sostenido de la resistencia social y de la participación política de las masas, exigencia social y una política verdaderamente democrática, fuerzas políticas nacionales con mayor influencia y credibilidad. Tales circunstancias reducen en los hechos la capacidad de maniobra del gobierno y dificulta la aplicación de reformas verticales que las ignore.16

Ahora bien, el agotamiento del sistema político mexicano se caracteriza por la pérdida de eficacia; el Estado, es consecuencia de un prolongado desgaste que se inicia en 1968 y estalla en 1982, debido a las estrategias aplicadas por Miguel de la Madrid para enfrentar la crisis de la deuda externa.

Aunque durante mucho tiempo se minimizaron los efectos del movimiento estudiantil de 1968, en que participaron ampliamente las clases medias del país hoy se acepta como el origen de la crisis política que padecemos. Crisis de dominación que según Arturo Anguiano, tiene como trasfondo los cambios de la economía y la maduración de la sociedad.

El malestar de las bases sociales del PRI y de la población en general a la política económica se manifestó en las elecciones de 1988, en que retiraron su apoyo al partido, al mismo tiempo que un grupo de militantes pertenecientes a la Corriente Democrática del partido oficial, cuestionó las atribuciones del presidente en turno para nombrar a su sucesor; la salida de algunos de sus miembros y la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República evidenciaron los problemas del partido y sus sectores para captar la acción de las masas y controlar su voto.

Anguiano, Arturo: “La reestructuración política”, en Teresa de Sierra, Cambio estructural y modernización educativa. UPNUNAM, México, 1991, p. 53.

Las elecciones de 1988 para la presidencia de República pusieron de manifiesto el desgaste del partido gobernante y fueron muy cuestionadas. No obstante estas irregularidades –e incluso con “la caída del sistema” para el conteo de votos-, la oposición logró un mayor número de diputaciones y cuatro lugares en el senado.

Los problemas del PRI para seguir controlando a las masas mediante su incorporación al partido oficial exigen una reforma; así, la crisis de dominación aparece como crisis del partido de Estado.

Por partido de Estado se entiende el régimen político en el cual el gobierno establece y dirige una organización política cuyo objeto es agrupar a una parte de la población con el fin de controlar su voto para la realización formal de las elecciones, ya sea con propósito puramente propagandístico o buscando, en el mejor de los casos, alguna forma de legitimación.17

Finalmente, cabe señalar la importancia de las variaciones observadas a raíz del asesinato de Colosio, la presencia de Zedillo y el inesperado triunfo de Fox y el PAN con él.

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  1. ¿En qué consiste el Estado neoliberal?
  2. ¿Cuáles son las demandas de la sociedad en materia política?
  3. ¿Por qué la reforma política avanza lentamente?

Ibid. P. 54.

4. ¿Qué caracteriza al Estado social emanado de la Revolución mexicana?

5. Explica qué es un partido de Estado.

2.3.2 ARTÍCULO 130


Otro cambio muy importante que se dio en materia constitucional fue el del Artículo 130. Los antecedentes legales de la relación Estado/Iglesia la encontramos en la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma de 1859 y 1863, así como las reformas constitucionales de 1873 y 1902.

La Constitución de 1917 limitó el ámbito de acción de la Iglesia con mayor énfasis en relación con la de 1857. Al probar el Artículo 130 negó toda personalidad jurídica a la Iglesia, privó de derechos políticos y civiles a los ministros de culto, prohibió la crítica a las leyes y al gobierno, así como toda injerencia del clero en la vida política del país.

En otros artículos dio cabida al laicismo en la educación; ratificó y amplió las disposiciones que impedían a la Iglesia adquirir, poseer o administrar bienes raíces y capitales, y reiteró prohibiciones en torno a las manifestaciones externas de culto.

El Neoliberalismo y la apertura al mercado mundial, como respuesta y camino para afrontar la crisis económica ha llevado al gobierno a buscar apoyos consensuales que le permitan afrontar la crisis de legitimidad – manifiesta en las elecciones de 1988- mediante alianzas renovadas y/o refuncionalizadas con diversos sectores e instituciones sociales.

Cabe recordar que desde la llegada al pontificado de Juan Pablo II en 1979 se ha impulsado un proyecto político cultural encaminado a fortalecer la cultura católica a nivel mundial, así como a las Iglesias nacionales, reforzando la disciplina y la ortodoxia. Ante la crisis del Socialismo y el fin de la bipolaridad, el Vaticano se encamina a la tarea de una nueva evangelización en torno a la doctrina social de la Iglesia. A partir de la década de los ochenta, el Episcopado mexicano ha incrementado su lucha para lograr una mayor presencia política, cultural y social de la Iglesia católica en el país, y ha demandado consistentemente un marco legal consecuente.

En este ámbito, el Estado mexicano y la Iglesia católica han encontrado un campo de diálogo y puntos de coincidencia, objetivos complementarios y no contradictorios, y un mutuo interés en avanzar y cambiar posturas históricas para beneficio mutuo. Así se ha dado el encuentro entre estos dos actores político-sociales, la Iglesia católica y el Estado, o más propiamente la alta jerarquía eclesiástica y la presidencia de la Nación, cuyos discursos parecen entrelazarse a la solidaridad, el liberalismo social y la doctrina social de la Iglesia.

En diciembre de 1992 el presidente Salinas, impulsor fundamental de la reforma, llevó la discusión al Congreso, modificándose los Artículos 3, 5, 24, 27 y 130 que norman las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El cuadro 3 muestra las alteraciones más radicales.

Cuadro 2. Reformas a la relación Estado-Iglesia*

Artículo 3º. Se deroga la prohibición a corporaciones religiosas para impartir educación primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros y campesinos.

Artículo 5º. Deroga prohibición de órdenes monásticas.
Artículo 24. Actos religiosos ordinariamente en los templos; extraordinariamente fuera, y sujetos a leyes reglamentarias.
Artículo 27. Capacidad de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar los bienes que le sean indispensables.
Artículo 130. Separación del Estado y la Iglesia; personalidad jurídica como asociaciones religiosas; no intervención de autoridades en la vida interna de las Iglesias; mexicanos y extranjeros podrán ejercer el ministerio de cualquier culto con derecho a votar, sin derecho a candidaturas; prohibición de asociación para fines políticos cuyo título se relacione con alguna confesión religiosa.

Fuente: Diario Oficial, enero 28 de 1992, México, pp.3-5. *No existe ninguna modificación constitucional en relación con estos artículos desde 1917 hasta 1992.

La iglesia católica mexicana ha podido desarrollar sus actividades al margen del marco jurídico que la limita. Su interés en la modificación del mismo redundaría en:

a) Si bien hasta ahora la alta jerarquía ha sido un interlocutor privilegiado del gobierno frente a las otras Iglesias su papel se vería consolidado por el hecho de asumir de manera oficial el papel de representante legal de los católicos mexicanos a través del reconocimiento de la personalidad jurídica.

b) La fuerza que le podría dar el reconocimiento se traduciría en una fuerza correspondiente para la cúpula eclesiástica, encargada de negociar como representante del conjunto de la Iglesia, con lo cual ésta cúpula incrementa sus capacidades de control tanto de la feligresía como sobre el resto de la jerarquía; dada la estructura vertical y autoritaria característica de la institución, podría significar una mayor presión sobre sectores críticos e inconformes con el interior de la misma.

c) Recuperar para la Iglesia católica y sus representantes derechos consagrados en la doctrina eclesiástica y el derecho internacional respecto a la libertad social y civil en materia religiosa para personas y comunidades.

d) Una demanda reiterada de la Iglesia es legitimar su derecho a intervenir en el proceso de la educación. Demanda que se enfatiza por la cruzada vaticana en la promoción de una nueva evangelización y la exaltación de una cultura católica en un mundo de crisis ideológica.

e) El acceso a los medios de comunicación masivos para la difusión del pensamiento y la cosmovisión católica resulta un papel fundamental en este proyecto. Eliminar obstáculos en este sentido permitiría a la institución contar con estaciones de radio, televisión y una prensa católica con mayores posibilidades de difusión.

f) La Iglesia demanda el derecho de adquirir, conservar y administrar propiedades. g) La recuperación de sus derechos políticos les daría más cobertura de participación en esta área.

El Estado mexicano ha integrado a la Iglesia en su proyecto de modernización, y podrá lograr objetivos con la modificación del contexto jurídico:

a) En un contexto de cambios que ha generado expectativas de movilidad socioeconómica, a través del TLC y la globalización, y cuyos impactos sociales la reforma al régimen ejidal por ejemplo- implica desestabilizar mecanismos de control tradicionales, contar con el aval de la Iglesia católica es importante para el Estado.

b) El nacionalismo y la defensa de los valores tradicionales frente a la internacionalización: una cultura católica que en un frente las premisas fundamentales del Estado moderno.

c) Se puede interactuar más con un sujeto político reconocido con derechos y obligaciones, que con uno “inexistente”. Lo que cambia son los canales y las formas de presión pero no se pierde el control.

d) La legitimidad internacional del Estado mexicano se verá aun más fortalecida por el agrado con el que el Vaticano contempla este proceso.

Al final se anexa la ley reglamentaria sobre la relación Estado –Iglesia.

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  1. ¿Por qué se modifican los artículos constitucionales?
  2. ¿A qué se deben los cambios constitucionales del Artículo 130? ¿Qué artículos se reforman y por qué?
  3. ¿Cuál es la importancia para la Iglesia tener personalidad jurídica, poder votar y poseer propiedad territorial?
  4. ¿Cuál es el futuro que adviertes en la relación Estado –Iglesia?

2.3.1 ARTÍCULO 27


Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modifican los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130. Pero, antes de saber si en un sexenio se modifica uno u otro artículo constitucional, debes recordar que una Constitución es la base ideológica del Estado, y en consecuencia, conforme cambie la estructura económica, se modifica la estructura jurídico – política.

En fin, las reformas constitucionales de los años ochenta y principios de los noventa, tuvieron la intención de avanzar en la llamada modernización en campos diversos, y son parte del esfuerzo por hacer crecer la economía del país, particularmente en beneficio de sectores reducidos de la población.

Al inicio de los años ochenta, los entonces asesores presidenciales señalaban que en México más de 35 millones de habitantes no alcanzaban a cubrir los mínimos nutricionales. De ese total, 19 millones se encontraban en condiciones que ahora se calificarían como de extrema pobreza. Diez años después la situación no mejoró. Las estadísticas oficiales reconocen la existencia de 40 millones de mexicanos pobres y de 17 millones en extrema pobreza; pero ésta es sólo la faceta social del problema. La otra nos muestra los decrecientes niveles de producción y productividad en la agricultura.

La aportación del sector agrícola al producto interno bruto (PIB) se estancó y no logró rebasar el 8%. Los índices de crecimiento de la producción, la superficie cosechada y los recursos otorgados al medio rural durante estos diez años registraron una tendencia negativa y, en general, los términos de intercambio entre el campo y los otros sectores de la economía fueron desfavorables al primero.

El sector agrícola mantuvo su rezago relativo; sin embargo, se desarrollaron procesos tendentes a fincar los cimientos de una reestructuración productiva basada en la modernización de las zonas de mayor desarrollo capitalista y de los cultivos de punta ligados al mercado agroexportador, así como en la desarticulación de la economía tradicional campesina. En esa lógica, la necesidad de autosuficiencia alimentaria fue erradicada del discurso y de la práctica oficial.

El fracaso del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) evidenció los enormes rezagos estructurales del agro mexicano y el deterioro productivo en el que se encontraba inmersa la mayoría de los productores rurales. Este atraso relativo se profundizó con la crisis de 1982, que obligó a una reducción sustancial de los recursos canalizados al sector.

A partir de 1983 se inició una tendencia decreciente que no se revertiría durante toda la década. La producción de los principales granos básicos disminuyó en los siguientes años, al tiempo que las importaciones se incrementaron considerablemente, colocando en los signos negativos la balanza comercial agropecuaria. Sólo ciertos cultivos como el sorgo, la soya y el trigo aumentaron su volumen durante algunos años del periodo, en detrimento del maíz y el frijol.

En 1988 se profundizaron las políticas de ajuste en el marco de acuerdos firmados por México con el Banco Mundial para que se le otorgara un crédito de 300 millones de dólares para la agricultura. En la firma del Pacto de Solidaridad Económica se establecieron con mayor claridad estos lineamientos:

a) Regulación de los principales instrumento de la política estatal hacia el sector

agropecuario.

b) Restricción del presupuesto y de la intervención estatal en la agricultura.

c) Reajuste y venta de empresas paraestatales.

d) Estancamiento de los recursos destinados al sector en materia de crédito y

seguro.

e) Congelamiento de los precios de garantía a los niveles de 1987.

f) Liberalización de los principales insumos.

Las consecuencias no se hicieron esperar: por un lado, se profundizó la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y, por otro, se abandonó el terreno para la diferenciación cada vez mayor de los productores agrícolas. La estrategia salinista, por su parte, lejos de buscar nuevos caminos, profundizó el proceso de liberación de la agricultura mexicana y su privatización avanza decididamente.

En un corto periodo se han precisado los principales ejes de la nueva política, sobre todo ante la necesidad de firmar un crédito con el Banco Mundial de 500 millones de dólares, dichos ejes son:

a) Disminución de la participación estatal en el sector.

b) Liberalización de precios.

c) Eliminación de subsidios.

d) Apertura comercial.

e) Anulación de los gravámenes a las importaciones.

Otro punto en que se ha fincado esta política ha sido la desincorporación de empresas paraestatales y la desregulación estatal.

Conasupo inició un proceso de reestructuración tendente a disminuir su actividad en los procesos de comercialización y acopio; Inmecafé prácticamente desapareció; el gobierno retiró su intervención en la producción de azúcar y puso en venta los últimos ingenios que estaban en sus manos; las tarifas eléctricas y el precio de los fertilizantes aumentaron; Anagsa fue liquidada y su lugar lo ocupó una empresa privada, y Fertimex inició la desincorporación de sus doce plantas productoras con la venta a inversionistas nacionales y extranjeros.

La apertura de las fronteras económicas ha repercutido de manera significativa, en primer lugar, porque México redujo enormemente los aranceles para la importación en un plazo muy corto y de manera unilateral, lo que colocó a los productores exportadores estadounidense en condiciones ventajosas; en segundo, porque la entrada masiva de productos agropecuarios sin ningún control afectó los precios nacionales con tendencia a la baja.

En materia ecológica cabe el optimismo: las políticas agrícolas promovidas propiciaron el gigantismo agrícola que impulsó un proceso de reestructuración del campo (destacan en este sentido la reforma del Artículo 27 y la desamortización de bienes ejidales y comunales que esto implica).

La reestructuración en el campo inicia desde la crisis de 1982, pero es hasta 1991 en que se profundiza y define claramente el proyecto modernizador del Estado. Todos los cambios en la estructura económica, implicaban cambios jurídico – políticos, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía reformar algunos artículos, como es el 27, que ha observado reformas sustanciales, desde sus primeros 75 años de vida constitucional; sin embargo, nunca había sufrido un cambio tan drástico como el propuesto por la administración salinista.

Los aspectos fundamentales que sustentaba el Artículo 27 en la versión anterior eran:

a) Desaparición del latifundio.

b) Establecimiento de la pequeña propiedad.

c) Dotación de tierras.

d) Señalamiento de autoridades agrarias.

e) Integración de la reforma agraria (dotación de los medios para explotar la tierra).

Las reformas anunciadas en el III Informe de Gobierno aprobadas en enero de 1992, esencialmente son:

a) Fin del reparto agrario.

b) Apertura del campo hacia sociedades mercantiles.

c) Libertad de asociación.

d) Creación de tribunales agrarios.

Los resultados se enmarcan en un panorama gris, sobre todo desde que México “debe” implantar un modelo de desarrollo hacia fuera, para no quedarse fuera del proceso de globalización y de la competencia con gigantes de la economía mundial; cuando los agentes climáticos no son los mejores aliados; cuando en el discurso político (Plan Nacional de Desarrollo al iniciar el siglo XXI), se habla de “una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de derecho”, o bien que “los ciudadanos son iguales ante la ley y deben las mismas oportunidades para desarrollarse… la propia diversidad entre los individuos hará que cada uno de ellos opte por aprovechar o no ciertas oportunidades”, o que “… la emancipación individual y colectiva de los mexicanos es el objetivo integrador de la política para el desarrollo social y humano…”. Ahora puedes aclarar la idea de que el “la Constitución es la base ideológica del Estado mexicano”

Cuadro 1. Reformas al artículo 27 (1917-1992).

1934, enero 10 1937, diciembre 6 1940, noviembre 9 1945, abril 21 1947, febrero 12 1948, diciembre 2 1960 enero 20 1960, diciembre 29 1974, octubre 8 1975, febrero 6 1976, febrero 6 1983, febrero 3 1987, agosto 10 1992, enero 6 Reformas en XVIII fracciones (eliminación de controversias,, redacción; se completa la doctrina revolucionaria en materia agraria) Fracción VII, jurisdicción federal en conflictos comunales y comunidades agrarias. Párrafo sexto, explotación exclusiva del petróleo por la Nación. Párrafo quinto, aguas permanentes, intermitentes y torrenciales de propiedad nacional. Fracción X, ampliación de dotación a ejidos en 10 hectáreas; XIV, amparo a inafectables y XV, no afectación a pequeña propiedad en explotación. Fracción I, permiso a otras naciones para adquirir inmuebles para embajadas y legaciones. Párrafo cuarto, dominio y exportación directa de la nación sobre los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; adquisición de inmuebles con países para embajadas y legaciones. Adiciona sexto párrafo, dominio directo de la Nación en todo lo referente a energía eléctrica por la Nación. Fracción VI, adquisición de bienes raíces; X c) Comisión Mixta en estados y D.F; dotación y restitución de aguas en los estados; XVII a) extensión máxima de tierra en estados y D.F. Párrafo sexto, dominio directo de la Nación en todo lo referente a energía nuclear. Párrafo tercero, desarrollo regional equilibrio de asentamiento humanos; octavo, mar patrimonial (zona económica exclusiva). Fracción XIX, garantía del principio de seguridad jurídica en la tenencia de tierra; XX, desarrollo rural integral. Párrafo tercero, modalidades a la propiedad privada para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Se deroga la dotación de tierra y creación de nuevos centros de población agrícola; sociedades comerciales podrán ser propietarias; se deroga prohibición de adquirir bienes raíces o capitales sobre poblaciones agrícolas; libertad de asociación a ejidatarios y comuneros; se deroga fracciones sobre organismos de impartición de justicia agraria y sus mecanismos; prohibición de latifundios; creación de Tribunales Agrarios.

Fuente: Dátales “Constitución Política de los EUM 1917-1991”, Información Legislativa, México, invierno de 1991. Sayeg Helú, Jorge: El Constitucionalismo social mexicano. FCE, México, 1991. Diario Oficial, enero 6, México, 1992, pp. 2-4.

73 Como puedes observar en el cuadro, el cambio radica la forma de propiedad de tenencia de la tierra. Las modificaciones tienden a eliminar aspectos que podrían haber creado inseguridad en la tenencia de la tierra, no sólo afirmando los límites y condiciones ya dadas a la “pequeña propiedad”, sino disminuyendo la posibilidad de afectación agraria, incluso en los casos en que se trate de propiedades que no cumplan una función social productiva.

La reforma al Artículo 27 elimina todo lo relacionado con el esquema de afectaciones, conserva los límites máximos a los que puede aspirar un propietario y redefine: “Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra”. Se suprime la idea o el concepto de tierras de explotación, lo que vuelve inafectable a los pequeños propietarios que por causas diversas, deciden retirar sus tierras de cultivo por uno o varios ciclos productivos.

Con ello se altera el sentido del concepto de propiedad que el Artículo 27 tenia una función social y, por ello daba a la “Nación… el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…”

Esta línea de apoyo a la propiedad privada en cualquiera de sus formas quedó reafirmada con una propuesta adicional: que los ganaderos dedicaran una parte de sus tierras a uso agrícola, manteniendo –sin peligro de afectación- los límites determinados de extensión territorial. Con ello, se dio toda garantía a formas de capital que han demostrado ser altamente ineficientes y depredadoras.

El fin de reparto agrario elevado a rango constitucional constituye otro de los elementos clave de la reforma. Dentro de este esquema, incluso “los excedentes” de la propiedad privada quedan liberados de la ilegalidad –dejan de ser objeto de afectación agrariapara convertirse en recursos que el propietario podrá vender, en su propio beneficio, en el limite de un año. Otro punto de importancia es la concesión del pleno dominio sobre el sistema parcelario de los ejidos y la posibilidad de cambio de régimen propietario (de ejidal a privado).

De esta manera las reformas constitucionales al Artículo 27 dan seguridad plena a las grandes extensiones de tierra y posibilitan la desamortización de las tierras ejidales y comunales.

En sus definiciones fundamentales, el Artículo 27 rompe con los mecanismos básicos de defensa de la población rural mayoritaria y abre las puertas al capital privado hacia un esquema de mercado que no asegura la suficiencia alimentaria, ni una efectiva modernización de los medios de producción, ni menos aun la elevación del ingreso rural; su contenido destaca incrementar la intervención del capital privado en el agro mexicano, para que finalmente pueda competir con las importaciones de productos agropecuarios, libres de aranceles, con lo que el desarrollo interno se torna aún más gris.

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  1. ¿Cuáles son las principales modificaciones que hace la reforma constitucional al Artículo 27 respecto a la propiedad de la tierra?
  2. ¿Con estas reformas se incrementará la producción agrícola en beneficio de la población? ¿Por qué?
  3. ¿Esta reforma beneficiará al campesino? ¿Por qué?
  4. ¿Qué sucede con los trabajadores del campo mexicano –agricultores y ganaderos- al iniciar el siglo XXI?
  5. Si tienes oportunidad de visitar algún estado de la República, trata de realizar una entrevista informal a los campesinos del lugar sobre esta reforma constitucional, preguntando qué opinan, si les ha beneficiado, y en qué, etcétera.

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6. ¿Cuáles son las perspectivas de producción del sector primario mexicano?