1.3 PRIMER INTENTO DE REORGANIZACIÓN ECONÓMICA


Para adentrarse en el tema nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los aspectos que se retomaron para modificar los problemas económicos? Pues bien, lo objetivos que se plantearon a comienzos de los años setenta para reimpulsar el desarrollo del país se pueden sintetizar en los siguientes puntos básicos, como lo señala Américo Saldívar8:

  • Crecimiento económico con distribución del ingreso.
  • Reforzamiento de las finanzas públicas y del sector paraestatal.
  • Reorganización de las transacciones internacionales y reducción de la deuda externa.
  • Modernización del sector agrícola y aumento del empleo.
  • Racionalización del desarrollo industrial.

A partir de estos objetivos se pretendió dar una nueva orientación a las bases que sustentaron el modelo de desarrollo estabilizador, que se dio gracias a un ritmo de crecimiento alto, sin tomar en cuenta los costos sociales que implicó llevarlos a cabo.

Los nuevos planteamientos significaron implícitamente recuperar la autonomía en la iniciativa de la política económica que se había perdido en años anteriores. E l proyecto estatal para lograrlo requería el apoyo de la clase trabajadora, con intención de lograr un equilibrio de fuerzas al pretender reducir el de la clase empresarial.

A comienzos de los años setenta se intentó retomar el crecimiento económico, ha partir de una mejor distribución del producto. De esa manera se intentaba atacar una de las grandes deficiencias con las que finalizaba el modelo anterior, la gran concentración del ingreso.

El crecimiento económico fue el objetivo central a realizar. La tarea consistió entonces en apoyar el crecimiento con mayores inversiones por parte del sector público, así como del sector empresarial privado.

A partir de 1971 el gasto público trató de responder a las necesidades de crecimiento que se requerían. No obstante, considera que este gasto público no lo realizaba el Estado directamente como agente empresarial, es decir, parecido a la iniciativa privada. En su gran mayoría, esos gastos públicos se aplicaron tratando de fomentar y alentar a la iniciativa privada. Esto es, crear obras de infraestructura (carreteras, comunicaciones, puertos etc.), empresas públicas (Pemex, Fertimex, Siderurgia Nacional, etc.), empresas de tipo social (salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios), y de seguridad social, que permitieran apoyar el desarrollo junto con la iniciativa privada. Cierto es que estas acciones del Estado permitan favorecer buena parte de la población elevando su nivel de vida, pero resultaba de esta forma un impulso a la capitalización del sector privado, al ofrecer esos tipos de bienes ampliamente y a precios bajos. El no realizar el gasto con

Saldívar, Américo:” Los límites del llamado Desarrollo Compartido 1971-77”, en Estructura económica y social de México. Quinto Sol, México

fines lucrativos, como lo hace la iniciativa privada, sino tratar de impactar en el ámbito social, dio como consecuencia que los ingresos percibidos fuesen menores a lo gastado.

Si a los menores ingresos se le suma una política fiscal incapaz de corregir adecuadamente la captación de ingresos estatales, vía la carga tributaria, era obvia una situación de desequilibrio en las finanzas públicas a través de los años.

El efecto de las reformas tributarias se tradujo en mantener el criterio de que la captación de ingresos por esta vía no debería afectar la decisión de los capitalistas privados para invertir. Con este panorama, las reformas se inclinaron a gravar paulatinamente en mayores porcentajes los ingresos de las personas físicas en contraste con las utilidades de las empresas, por temor a que no realizaran inversiones y detener el proceso productivo; hacia 1970 el impuesto de las sociedades empresariales representó el 24.8% del total de los ingresos tributarios, en tanto que para 1976 fue del 20.2%.

Lo anterior significó que los ingresos de los asalariados se redujeran por el mayor peso de los gravámenes tributarios, cuando además, la espiral inflacionaria cobraba fuerza hacia mediados de la década de los años setenta. Lo que sucedió en el plano de los ingresos a los asalariados vino a reflejar el incumplimiento en la mejora de la distribución del ingreso planteado por el gobierno a inicios de los años setenta. No obstante, se debe considerar la distribución que realizó el Estado a través de la creación de infraestructura y del subsidio de muchos productos que, indirectamente, benefició a la población.

Resumiendo, los dos primeros objetivos planteados a comienzos de los años setenta no se llevaron a cabo sin correlacionar otros efectos. Esto es, el Estado apoyó el crecimiento económico a costa de expandir su gasto, pero al no obtener ingresos equivalentes, se produjeron desequilibrios en sus finanzas. A ello se sumo la imposibilidad de realizar un ajuste fiscal inclinado a gravar las utilidades de las empresas que permitieran mayores ingresos tributarios. Este último implicó que las reformas fiscales cayeran sobre las personas físicas, lo que detuvo la distribución del ingreso en este sentido, no obstante, los beneficios que se obtuvieron por la infraestructura y servicios sociales creados por el Estado.

El siguiente objetivo que contempló el gobierno en turno encontró serios obstáculos para llevarlo a cabo. La reorganización del país frente al sector externo no resultaba fácil cuando se necesitaban capitales y bienes del exterior para el funcionamiento de la economía; la fuerte dependencia tecnológica que encerró al país antes de los años setenta, y que se habían consolidado como grandes fuerzas que delineaban el aparato productivo fueron los aspectos más trascendentes que llevaron al emergente gobierno a reformular su relación con el sector externo.

Los intentos de recomposición para oponerse ante tal situación resultarían infructuosos dado el papel con el que participaba el país en el juego de las relaciones del Capitalismo internacional. La producción especializada, los mercados y las necesidades de financiamiento, marcaban el paso de las relaciones del país con el exterior, y al mismo tiempo impidieron un mayor éxito en las reformas planteadas.

El deseo de superar los problemas del país frente al sector externo sin recurrir al endeudamiento masivo resultaba la estrategia clave del gobierno. En este nuevo planteamiento el aparato industrial pasaba a tener la función central, ya que una mayor dinámica del sector para exportar brindaría más recursos de divisas y con ello equilibrar el saldo con las importaciones.

Los intentos por llevar a cabo dichas medidas obligaron a una revisión del sistema de protección a los productos exportables, a fin de lograr una mejor competitividad de los artículos manufacturados nacionales. Al respecto resaltan las ventajas fiscales que se dieron a las empresas exportadoras. El proceso requirió también que el gobierno llevara a cabo una diversificación de los mercados externos para los productos mexicanos de exportación. Sin duda el nuevo planteamiento de estimular las exportaciones de productos manufacturados trataba de desplazar la estrategia de industrialización, vía sustitución de importaciones, utilizada por el Estado en años anteriores.

Las exportaciones manufacturadas crecieron de 36.7% en 1970 a 70.5% en 1976, al participar en el total de las exportaciones. Sin embargo, hay que considerar que, como lo señala Héctor Guillén,9 buena parte de ese incremento se produjo en un contexto mundial en recesión que permitió el reforzamiento de exportaciones manufacturadas de la periferia -entre ellos México-, y de una gama bien definida de productos industriales, como los siguientes: textiles, cuero, zapatos, metales no ferrosos, entre otros. En este plano fue importante el aumento de las maquilladoras instaladas en el norte, de las que una parte considerable de sus transacciones se incluye en la exportación de las manufacturas. Ambas consideraciones le restaron importancia a las cifras mencionadas, ya que no se logró una penetración mas marcada y de manera sostenida de productos con mayor contenido industrial, y sin el apoyo, a la vez, de este sector externo para elaborar tales productos.

No se puede negar que la medida por mejorar la relación con el exterior era acertada para lograr librarse de las ataduras internacionales. No obstante, la necesidad de insumos importados, especialmente en el aparato industrial, dio lugar, aun con volúmenes mayores de exportación y con ellos de divisas, aun saldo desfavorable de éstas, y con ello de necesidades de financiamiento. Esa fue una razón para seguir acudiendo al financiamiento externo, que se profundizó también con el saldo deficitario de las finanzas públicas. Así también, se expresó una excesiva participación de la inversión extranjera, debido a la drástica reducción de los inversionistas nacionales por expandirse en el mercado nacional, al observar la falta de las mismas condiciones de años anteriores, a través de la política fiscal y comercial.

El crecimiento en la participación de la inversión extranjera, el aumento de tecnología importada a la industria, y los mayores créditos externos, reflejaron el estancamiento de cambios sustanciales frente al sector externo. En lugar de ello se perfiló una mayor dependencia del país frente a ese sector que sin dudad ayudó a precipitar la crisis económica que experimentó el país en 1976.

Esta situación evidenció la necesidad de llevar a cabo la modernización del sector agrícola siguiente objetivo planteado- después de los resultados en la caída de su producción mostrados a fines de los años sesenta. Según estos resultados, conseguir alzas a la productividad de aquellos bienes de la dieta principal del mexicano se volvió más difícil. El problema agrario representó un importante impedimento para el nuevo

Guillén Romo, Héctor: Orígenes de la crisis en México, Era, México, p. 107.

modelo de desarrollo que se quería realizar. La falta de garantía en el abastecimiento de la alimentación básica del trabajador industrial se tornaba en una base de apoyo difícil de sustituir cuando el salario se rezagaba en comparación con los precios. En otras palabras, el desenvolvimiento del sector agrícola que se obtenía a expensas de las prioridades industriales de producir alimentos para la población, de crear volúmenes de exportación que generaban divisas para importar bienes industriales, se detenía por los problemas que presentaba el sector.

El déficit de productos agrícolas, principalmente de aquellos de la alimentación básica nacional, se tornó más aguda a partir de 1972. La respuesta que el Estado había contemplado desde el inicio de los setenta, fue más fuerte y dinámica para atenuar la crisis del sector.

Asimismo, se buscó ampliar ala superficie de cultivo, crear mayores empleos en el campo, producir para el mercado interno y hacia la exportación, modernizar los métodos de cultivo y realizar una mayor explotación del agro al canalizar inversiones, innovaciones tecnológicas y tratar de industrializar los productos agrícolas. De ello da cuenta la inversión pública que se multiplicó alrededor de dos veces para el fomento agropecuario entre 1972 y 1976, así como en el aumento del crédito bancario.

En el mismo proceso de mejoramiento se pretendió hacer más lucrativo el cultivo de productos básicos con incremento en los precios de garantías, los cuales alcanzaron una alza de alrededor de 1.4 veces en los años de 1972 a 1976.

En los aspectos legales también se realizaron reformas, como la aparición de la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, la Ley Federal de Aguas en 1972, y la permanencia del amparo agrario. Aparecieron organismos para apoyar tales cambios como la Promotora Nacional para la Producción de Granos Alimenticios, la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario; se fusionó Almacenes Nacionales de Depósito con Bodegas Rurales Conasupo y otros. También se ampliaron las funciones de las dependencias implicadas en el sector, de todo ello con la finalidad de dar mejor participación y funcionamiento al sector.10

Hacia 1976, al finalizar el gobierno en turno, las fuertes discrepancias que se opusieron al cambio del sector privado, el elevado burocratismo que conllevo ineficiencias administrativas internas y la corrupción, sin duda delimitaron el esfuerzo por transformar las estructuras del mismo.

Este esfuerzo, sin embargo, no deja de ser un gran intento por dar fluidez a los aspectos agrícolas, resolver problemas de desempleo en el sector y, de manera general, brindar un mayor bienestar a la población del acampo.

Se puede decir que al término del gobierno de Echeverría los logros alcanzados en materia agrícola pasaron casi desapercibidos, como se observó en su producción, así como en la dependencia de bienes primarios con el exterior. El esfuerzo se tradujo en hacer aparecer otros problemas ligados a ellos que debieron atenderse en la siguiente administración. Respecto al último objetivo planteado, en cuanto a los cambios en el sector industrial, de llevaron a cabo medidas que permitieron redefinir su participación en

10 Ángeles, Luis: Crisis y coyuntura de la economía mexicana. 4ª. Ed., El Caballito, México, 1984, pp.65-76.

el desarrollo económico. El desarrollo estabilizador se caracterizó por mantener. Como objetivo central, el impulso al sector industrial y así modernizar los sectores productivos. Fue así que se delinearon una serie de instrumentos que permitieron darle una mayor fluidez y empuje. Entre éstos destacan un creciente proteccionismo, los incentivos fiscales, el instrumental jurídico, así como la participación vigorosa del Estado como promotor al crear obras básicas de infraestructura y en la producción de bienes y servicios ofrecidos por el sector paraestatal. No menos importantes en el proceso resulto el control político sobre el trabajador, que permitió mantener bajos salarios.

Esta serie de medidas para favorecer un mayor desarrollo industrial dio como consecuencia una industria altamente protegida y que los grupos empresariales fortalecieran su poder y dominio. Y fueron ellos mismos quienes presionaron, mediante todos los medios a su alcance, para continuar esas medidas proteccionistas en los años setenta.

De esta manera se buscó aumentar su eficiencia en términos de competitividad con el exterior, así como promover su desarrollo con medidas de descentralización y aliento a las pequeñas y medianas empresas. Se crearon organismos con el fin de apoyar estrategias tales como el Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria (Fogain), el Fondo Nacional de Fomento Industrial (Fomin), entre otros. Las normas jurídicas también conocieron cambios como la Ley sobre el Registro de Transferencia y Tecnología, la de Uso y Explotación de Patentes y Marcas, la ley para promover la inversión extranjera, etc. La medida más trascendente sin duda fue la desaparición de la regla XIV de la Tarifa del Impuesto General de la Importación por una nueva ley, en la que se amparaban muchos importadores de artículos no necesarios.

Las nuevas medidas permitieron cambiar en sustancia el carácter paternalista con que se venia desarrollando la industria en años pasados. Ciertamente al sector industrial se le siguieron brindando concesiones para expansión, sin embargo, este tipo de concesiones no fueron tan extremistas, lo que propició las tan abundantes ganancias del sector y que lo llevó a controlar el mercado en unas cuantas firmas, como se observó en la década de los años setenta.

Fueron estos cambios en el sector industrial, junto con las reformas fiscales, lo que originó, sin duda, el descontento y el enfrentamiento del sector privado con el Estado. La negligencia que éste mostró al invertir y expandirse en casi toda la década de los años setenta lo vino a demostrar.

Podemos concluir que los planteamientos de reformas durante esta transición sexenal hicieron posible reorientar el modelo de desarrollo seguido hasta fines de los años sesenta. Por otro lado los cambios que se pudieron obtener por tales medidas dieron lugar a otros problemas presentados en el mismo proceso y que precipitaron una crisis en 1976. Fue por ello que no se pudo hablar de una corrección adecuada en el modelo, y también que no se corrigieran los graves problemas estructurales que se observaron en el desarrollo del país hasta el inicio de la siguiente década.

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