El establecimiento de una zona de libre comercio en América del Norte, implica: *la eliminación paulatina y gradual de los impuestos a la importación de los países firmantes; *la eliminación de las barreras no arancelarias -que busca frenar el flujo comercial, como son las cuotas, normas, permisos, restricciones sanitarias, entre otras; *el establecimiento de mecanismos que permitan resolver las controversias derivadas de las transacciones comerciales, separando cuestiones políticas y comerciales, y *un marco legal que garantice un trato justo en las relaciones comerciales entre los tres mercados. El TLC se contempló como el bloque comercial más grande del mundo, con un potencial de más de 350 millones de consumidores y un producto interno bruto de 7 billones de dólares.

En 1990, el Senado de la República organizó un foro de consulta sobre las relaciones comerciales de México con el mundo, donde se concluyó:

Sustentado en los resultados de la consulta, el Senado de la República precisa la necesidad de que México busque incorporarse a las nuevas corrientes económicas y comerciales del mundo. Para ello, es indispensable elevar la productividad y competitividad de nuestra economía y diversificar las exportaciones mexicanas… En virtud de la localización geográfica de México, de la historia, de sus relaciones comerciales, de la complementaridad y potencialidad de su economía, con respecto a la de Estados Unidos, recomienda negociar un acuerdo de libre comercio con este país.⁸

En relación con Canadá, México debe explotar nuevas formas de acercamiento económico y comercial que permitan desarrollar el amplio potencial de complementariedad que existe entre ambas naciones. México tiene con Canadá antiguos vínculos que son clave en la nueva estrategia.

¿Recuerdas que el sufragio es el paso que legitima el poder, es decir que el voto ciudadano designa a sus gobernantes?. ¿Crees que has actuado o actuarás adecuadamente al momento de votar por un candidato? ¿Cuentas con la información suficiente de los partidos, personajes y tendencia de su proyecto, o si tienen proyecto definido?. Te invitamos a reflexionar al respecto, pero antes realiza la siguiente lectura.

Después de la elección presidencial de 1988 se han celebrado en el país comicios federales para renovar el Poder Legislativo, además de una gran cantidad de procesos electorales en diversas entidades de Federación, con objeto de renovar el ejecutivo local, los ayuntamientos y el Congreso Estatal. La mayoría de estos procesos han estado marcados por la desconfianza contra el propio gobierno que, a través de sus elementos, organiza y califica las elecciones.

Por otra parte, al no existir independencia entre el PRI y el gobierno, el partido oficial se ve ampliamente favorecido al disponer de recursos público para en financiamiento de sus campañas, lo cual deja en desventaja a la oposición. Entre los conflictos poselectorales más importantes de esa época, están los de Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa.

En San Luís Potosí se realizaron elecciones para gobernador el 18 de agosto de 1991. El PRI postuló a Fausto Zapata; el Frente Cívico Potosino, junto con el PAN y el PRD, presentaron como candidato al doctor Salvador Nava, quien años antes había ocupado la presidencia municipal de la capital del estado y contaba con muchos seguidores de la entidad. El PRI se apresuró a proclamar el triunfo de su candidato y las autoridades electorales a ratificarlo, antes de ello, la oposición navista señalo las anomalías del proceso electoral y organizó la resistencia a la imposición de Fausto Zapata como gobernador. El 27 de Septiembre Salvador Nava inició la Marcha de la Dignidad y la Democracia a la Ciudad de México. Fue tal el apoyo popular al candidato del Frente Cívico Potosino que el “gobernador” debió renunciar al cargo el 9 de Octubre.

El mismo 18 de Agosto de 1991 en el estado de Guanajuato se celebraron elecciones para gobernador. Fueron candidatos: por el PRI, Ramón Aguirre; por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo y por el PAN, Vicente Fox Quezada. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. Fox Quesada –presidente “panista” de la República mexicana 20002006-, afirmó la existencia del fraude electoral y organizó movilizaciones populares en todo el estado para protestar contra la ilegalidad de las elecciones y la declaración oficial del triunfo de Ramón Aguirre, hecho por el Colegio Electoral de mayoría priísta.

Pese a las protestas las autoridades declararon a la prensa estadounidense que en el caso de Guanajuato, la oposición había presentado muchas quejas pero las pruebas del fraude habían sido “muy, muy escasas”. Debido a las importantes movilizaciones de protesta iniciadas por el candidato panista, respaldadas por el PRD, y la presión de la prensa estadounidense, (The New York Times y The Wall Street Journal), Ramón Aguirre, quien para entonces ya era gobernador electo, decidió no presentarse a rendir protesta como gobernador constitucional de Guanajuato.

La solución al conflicto pos-electoral de Guanajuato no dejó satisfecho a nadie los priístas reconocían como gobernador a Ramón Aguirre y los panistas afirmaban que el triunfo pertenecía a Vicente Fox. Al darle la gubernatura a Medina Plascencia se calmaron las protestas pero se evidenció que los comicios no se rigen por la ley.

En resumen:

Después de 1988, las elecciones celebradas en México han dejado amplias dudas en la sociedad respecto a la imparcialidad de las autoridades en su organización y respeto al sufragio. El avance a la reestructuración política del país ha sido condicionado a la consolidación del proyecto económico.

En 1992, como resultado de los conflictos pos electorales, había 36 millones de mexicanos gobernados por mandatarios no electos si a estos se suma los Habitantes del Distrito Federal que por mandato constitucional no eligen a sus gobernantes, resulta que más de la mitad de la población mexicana se encuentra gobernada por personas que no ganaron el puesto en una elección popular.

En Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, Jalisco y Tlaxcala hubo gobernadores internos durante el sexenio salinista. Algunos renunciaron al cargo por conflictos pos electorales; otros, por su incompetencia para controlar los procesos electorales celebrados en sus estados y algunos más por ser llamados a colaborar por el presidente.

La lista de testados que ha sufrido interinatos o gobernadores sustitutos no es exhaustiva, podemos añadir Baja California, Sonora y Chiapas.

1. ¿Qué relación encuentra entre y la crisis de dominación de Estado mexicano y los conflictos poselectorales?
2. ¿Por qué los gobiernos interinos en los estados de la Federación afectan la democracia?

Después de analizar los planteamientos anteriores es pertinente señalar cuales son los problemas que surgieron al pretender cambiar el modelo de desarrollo anterior. Hacia el inicio de los años setenta fue necesaria una mayor participación del Estado para reanimar la actividad económica y darle una mejor orientación.

Esta mayor participación del Estado requirió de mayores gastos que permitieran cubrir la demanda de necesidades que la población y el desarrollo demandaban. A ese propósito se incrementó la expansión de las empresas públicas, las que, sin una política de precios y tarifas adecuadas, propiciaron desequilibrio en sus finanzas y en las del sector público en conjunto.

Además de la de la política de precios y tarifas subsidiadas se sumó la fiscal, que no se transformó lo suficiente como para cubrir y sanear las finanzas públicas, y mucho menos para convertirse en un instrumento de distribución del ingreso. Esta política fiscal ayudó al incremento de la inflación al apoyarse en los impuestos indirectos afectando los ingresos medios y bajos. Los impuestos que gravaron a los grandes empresarios, sustancialmente, no fueron modificados, lo que observó la fuerza de estos empresarios, aun cuando varias veces se reintento modificar el impuesto a sus utilidades.

En ese esquema deficitario del sector público, los créditos internos y externos tuvieron la función de variables de ajuste, marcando el límite al desenvolvimiento que se llevaba a cabo. Y aunque estos créditos apoyaron las finanzas del Estado, ambos afectaron otros fenómenos económicos relacionados con ellos. El crédito interno fue factor decisivo en el incremento que se gestó contra el peso hacia los últimos años del periodo echeverrista.

Respecto al comercio exterior, la política de permisos previos y aranceles continuó protegiendo a la industria nacional. Asimismo, se crearon toda clase de estímulos para el reimpulso de las exportaciones del país. El déficit cada vez mayor que se observó en la balanza comercial vino a reflejar la debilidad de la política comercial a favor de las exportaciones frente a las importaciones. Este saldo cada vez mayor, junto a la fuga de capitales, al servicio de la deuda contratada en el pasado y los gastos remitidos al exterior por los inversionistas extranjeros fueron motivo de mayor endeudamiento público externo.

Por ultimó se pretendieron crear las condiciones para estabilizar el tipo de cambio, no obstante, al no lograrlo cuando los precio se elevan, los desequilibrios se acentuaron aumentando el efecto especulativo, esto es, la demanda de dólares a una paridad de

12.50 pesos por dólar. La política de defender a cualquier precio el tipo de cambio se tradujo en una profundización de la pesada carga financiera nacional, pues dicho mecanismo atrajo fuertes presiones especulativas, lo que obligo a saldarlas mediante deuda externa. Y dado que fue hasta septiembre de 1976 cuando el Estado decidió devaluar la moneda para contener el efecto especulativo, se tuvo que soportar durante los primeros ocho meses de ese año (mostrando también desde 1975), el efecto financiero que causaba el fenómeno.

Si en un primer momento el tipo de cambio reflejó una carga financiera por mantenerlo fijo, a toda costa se buscó mantener el incremento de precios, causa principal que lo provoca. Mas tarde se tuvo que soportar el efecto de demandar dólares para obtener ganancias fáciles son sólo cambiar a esa moneda los pesos mexicanos -efecto especulativo- lo que presionó a una mayor devaluación. Es decir, el no corregir de manera adecuada el tipo de cambio, hizo que se crearan expectativas sobre ganancias en su transformación de pesos a dólares. Y es aquí donde encaja precisamente la fuga de capitales y la captación en dólares, que si en un principio funcionó para cubrirse de los riesgos, más tarde lo hizo para generar ganancias fáciles y rápidas.

El proceso que siguió la intervención del Estado en la economía encontró su nofuncionalidad hacia el desarrollo deseado ante los efectos del tipo de cambio y la devaluación. No obstante, los objetivos planteados y su limitada instrumentación ciertamente propiciaron cambios, aunque sin afectar seriamente los intereses del sector capitalista privado, por lo que las medidas adoptadas se tradujeron en una ampliación del desarrollo observado desde antes de los años setenta, el cual se había estrechado a causa de las políticas del desarrollo estabilizador.

Las deficiencias residieron no tanto en lo que se llevó a la práctica en esos momentos sino en lo que no se llevó a cabo desde las décadas pasadas. Además, los cambios realizados en estos años tuvieron que contemplar también la crisis por la que atravesó el Capitalismo a nivel internacional que, dada su estrecha relación, fue un elemento más por considerar en las transformaciones estructurales que se pretendían.

Se puede decir, entonces, que los esfuerzos por reconstruir el pasado en medio de condiciones nacionales e internacionales distintas no encontraron eco positivo para llevarse a cabo.

Los embates de la crisis económica de principios de los años ochenta demandaron respuestas rápidas y vigorosas por parte del Estado mexicano. ¿Has reflexionado acerca de cuáles son los términos de los convenios firmados con los acreedores? ¿Has pensado qué propuestas llevan las comisiones negociadores representantes de nuestro país?

Las condiciones desfavorables del endeudamiento externo en el caso de México condujeron a sacrificar el bienestar social en aras de cumplir con la banca internacional acreedora. Para enfrentar este compromiso se decidió entre dos alternativas: por una parte, la declaración de una moratoria conjunta a nivel latinoamericano, y por otra, ajustarse a tas políticas de corte neoliberal. Se optó por la segunda, es decir, seguir las propuestas fondomonetaristas.

Ante esta coyuntura prevaleciente en 1982 el gobierno mexicano se vio en la necesidad de replantear los enfoques de las negociaciones con sus acreedores internacionales, cuestión a la que en seguida nos referiremos.