¿Por qué se nombra así a esa década? ¿En este periodo todos salimos perdiendo? Debe su nombre porque en esta década los trabajadores debieron pagar enormes costos sociales ante la crisis y los reajustes de la economía, aplicados para tratar de controlar o atenuar las manifestaciones más importantes de ésta: la inflación, la deuda externa, las amenazas de quiebra en muchas empresas, cte., lo cual se logró, pero a costa del deterioro de los niveles de vida de la población trabajadora.

Disminuyeron el salario real y la calidad de los servicios de salud pública; la educación sufrió recortes presupuestales, el desempleo aumentó y la vivienda fue muy difícil conseguirla. Estos son los costos sociales de la crisis; sin embargo, no todos perdieron, pues sectores minoritarios se hicieron aún más ricos y fuertes.¹⁴ Si, los ochenta fue una década perdida para los trabajadores, pues la crisis disminuyó sus condiciones de vida. Pero para otros fue un periodo de prosperidad y crecimiento. Es por eso que:

El gobierno mexicano adquirió ante sí una deuda social, al aplicar políticas de austeridad para los trabajadores, reduciendo el gasto destinado al bienestar social que debería cubrir a corto plazo. Esto implicó manejar el nivel de vida de los trabajadores y de los mexicanos en general, ya que deberá buscar fórmulas para incrementar el número de empleos, aumentar los ingresos, mejorar la alimentación, la educación e invertir en viviendas a precios accesibles para los trabajadores.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) es consecuencia de las políticas económicas puestas en práctica por el gobierno de Miguel de la Madrid y su suscripción al GATT, ya que ante la problemática que sufría el país hacia 1981 se experimentó un agotamiento del esquema de patrón de acumulación capitalista. De ahí la necesidad de introducir mecanismos para abrir poco a poco el mercado interno, que en aquel entonces se manejaba bajo un “paternalismo” estatal.

¿Sabes en qué consisten las reformas electorales?. Lee el siguiente ensayo para que tengas información y puedas opinar al respecto:

En los años sesenta y setenta, cuando el país se encontró convulsionado por importantes movimientos sociales y, entre otros, guerrilleros que mostraban los límites de gobernabilidad del sistema político mexicano, el país se transformo y surgieron nuevos grupos sociales que no se incorporó a los sectores del PRI y, por lo tanto, tampoco recibieron los beneficios del sistema. Esto provoco una crisis política que condujo a varias reformas de tipo electoral, con objeto de abrir espacios a estos grupos y mantener la gobernabilidad del país y la estabilidad política del régimen.

Desde 1946 los comicios no fueron sino un ritual en el que el sistema se legitimaba y maquillaba como democrático. Las secuelas del movimiento estudiantil de 1968 y el descontento social lo contrarrestó el gobierno de Echeverría mediante una política de gasto social ampliada, la contratación de la deuda externa y la “apertura democrática”. En el gobierno de López Portillo se amplió el número de partidos políticos, se introdujo el sistema de “representación proporcional”, aumentó el número de diputados y se dio acceso a los partidos políticos y a los medios de difusión masiva, todo para lograr la sobrevivencia de la oposición que no había presentado candidato para las elecciones presidenciales en el periodo 1976-1982.

La dinámica de la crisis económica logró agotar el modelo de desarrollo debilitado desde los años setenta, que se logró mantener gracias al endeudamiento y al boom petrolero.

Las elecciones de 1976, en las que el candidato del PRI a la presidencia no encontró opositores de otros partidos, mostró el agotamiento del sistema político mexicano de partido casi único, con dos partidos satélites y un pequeño partido de oposición.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid hubo cinco candidatos a la presidencia, pero ninguno representó un problema real para el partido oficial. Nadie imaginó que seis años después, en 1988, el partido de Estado enfrentaría el proceso electoral más competido de su historia.

Debemos analizar la reforma salinista dentro del contexto de las elecciones federales de este mismo año. La primera reforma electoral en el inicio del sexenio dio como resultado la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), aprobado por la diputación priísta y panista, votando en contra el PRD.

Este código establece el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento del Estado en proporción del número de votos que obtenga, garantiza espacios en radio y televisión para que los institutos políticos den ha conocer el pueblo su plata forma política, y establece un Tribuna Federal Electoral autónomo para dirimir las controversias presentadas en materia federal electoral.

El Cofipe otorga participación a los partidos políticos y a la sociedad en la composición de las autoridades electorales, pero mantiene la organización, vigilancia y calificación en manos del gobierno. Par corroborar lo anterior señalaremos que el presidente del Instituto Federal Electoral es el secretario de Gobernación y que los magistrados del Tribunal Federal Electoral son designados por el Presidente de la República. Así mismo, aunque los partidos de oposición formen parte de los organismos electorales, el PRI mantiene mayoría en los mismos.

La nueva reforma provocó reticencia y el Cofipe aún entraba en vigor cuando ya se demandaba cambios. Antes de las reformas aplicadas entre 1988 y 1994, podemos observar que a medida que se incrementa la competencia electoral, las leyes que rigen la materia se vuelven obsoletas rápidamente

La Ley Electoral de 1918 estuvo vigente hasta 1946 y la de 1946 hasta 1963, en que se reformó, dando cabida a los diputados del partido y prolongó su vigencia hasta 1977, cuando entró en vigor la Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales, sustituida por el Código electoral de 1986, en vigor para las elecciones de 1988. Este proceso de reformas se agotó. En lo sucesivo podemos esperar que las reformas cuenten con la participación y consenso de los partidos de oposición y de la sociedad civil.

Dos meses después de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, se inició una consulta para reformar la Ley Electoral del país. Por primera vez en la historia el PRI no tenía la mayoría necesaria para reformar la Constitución y tuvo que aliarse con la oposición para llevar a cabo la reforma electoral. La reforma constitucional debía llevarse a efecto por consenso entre el PRI y las fuerzas de oposición; el país enfrentaba la posibilidad de terminar con el sistema de partido casi único y el tutelaje del Estado en las elecciones o bien, maquillar al sistema político para seguir permitiendo al PRI el control del poder. El Partido de Acción Nacional- la principal minoría de la Cámara de Diputados-, votó a favor de la reforma electoral por considerar que no se podía avanzar más en el pacto democrático, dejando la organización y calificación de las elecciones en manos del Estado otorgando al PRI una sobre representación en la Cámara de Diputados, sin tocar el problema de partido de Estado y del origen de los recursos del partido oficial.

El gobierno mexicano debió acceder a una reforma electoral (la segunda en el sexenio) presionado por la oposición, la sociedad y los sectores liberales del extranjero, especialmente congresistas estadounidenses que condicionaban la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir de el democrático del país. E s en este marco para lo que la Comisión Permanente del Congreso llamó, en Agosto de 1993, a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con la finalidad de discutir la reforma del Cofipe.

En dicho periodo de discutió el problema financiamiento de los partidos políticos, la conveniencia de fijar un tope a los gastos de campaña, el acceso de los partidos a los medio de comunicación y participación de la oposición en el Senado de la República mediante la representación proporcional.

Otro tema de discusión fue la desaparición del Código Electoral en cuanto a la calificación de las elecciones de diputados y senadores pues en el proyecto de reforma del PRI -apoyado por el PAN-, el colegio electoral se conserva para la calificación de la elección presidencial. En lo referente a las elecciones del poder Legislativo se propuso que el Tribunal Federal Electoral las califique.

También, la reforma se dio en torno al Artículo 82 de la Constitución. El PRI, el PAN y el PRD estuvieron de acuerdo en reformar tal articulo para que los mexicanos por nacimiento, hijos de padres extranjeros, pudieran aspirar a la presidencia, mientras el PRI planteaba que la reforma tuviera efectos hasta 1999, el PAN y el PRD deseaba que la reforma entrara en vigor para las elecciones de 1994. En fin, dicha reforma hizo posible la presencia de Fox en la silla presidencial.

Un punto más de discusión radicó en la desaparición de la cláusula de gobernabilidad, la cual otorga al PRI una sobre representación en la Cámara de Diputados.

El PRD y algunos miembros del PAN consideran que el gobierno se niega a hacer una reforma profunda y que, mientras mantenga el dominio y control de los órganos electorales y organice y califique las elecciones, seguirá existiendo el fraude electoral.

1. ¿A qué atribuyes la frecuencia con que se reforman las leyes electorales del país?

Como vimos, los cambios realizados a principios de los años setenta permitieron dar cierto giro al desarrollo del país, pero con el desbordamiento de otros problemas relacionados con el proceso. La administración del gobierno que le siguió tubo que enfrentarse, en el inicio de sus funciones, a la acumulación de problemas, cuya expresión más reciente lo había presentado la devaluación, a la par de las tensiones políticas y sociales.

Dichas condiciones marcaron las pautas para realizar reformas, entre ellas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener ayuda del exterior y encarar la crisis. En agosto de 1976, el gobierno mexicano firmó una carta con el FMI en la que se comprometió realizar modificaciones según los planteamientos de este organismo. En ello se privilegió a los mecanismos y fuerzas del mercado, esto es, disminuyó la participación del Estado, como instrumento idóneo para regular y restaurar la actividad económica. Fueron estos mecanismos los que readecuarían el aumento de productividad y las condiciones internas para enfrentar los desequilibrios existentes, y tratar de disminuir la dependencia con el exterior.

De esa manera, el gobierno tuvo que realizar ajustes al intervenir en la economía, entre los que destacan: reducción del gasto público y de la oferta monetaria, liberalización del comercio exterior, aumento de las tasas de interés, devaluación del peso y contracción salarial.

Con las medidas se pretendió detener la participación del Estado en la economía y disminuir el déficit. Se permitiría con ello reducir el problema de la deuda con el sector externo, así como la deuda interna que ocasionaba presiones a la inflación. Tales medidas propiciaron una contención en el desarrollo del país, por la reducción que se enmarcó sobre el gasto público.

En 1977 el gobierno realizó la que se dio en llamar Alianza para la Producción, medida que estuvo encaminada a incentivar la inversión e impulsar la modernización del aparato productivo, a través de la concertación con los grupos sociales.

A partir de 1978 los planteamientos señalados sufrieron modificaciones por la trascendente aparición de la riqueza petrolera en el país. Se pusieron en práctica medidas contrarias a las acordadas, entre las que destacó nuevamente la expansión del gasto público.

Los siguientes objetivos, que el gobierno postuló desde sus inicios, fueron retomados para buscar el desarrollo del país: fortalecer la Independencia de México, proveer empleo y un mínimo de bienestar, promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente y mejorar la distribución del ingreso.

Estos objetivos definieron el comportamiento del sector público en sus estrategias postuladas como la base para el cambio estructural. Las medidas contempladas por el nuevo gobierno se estipulaban de manera parecida a las que en su momento se habían tratado de llevar a cabo.

Asimismo se buscó un reordenamiento de los problemas que se generaron en el periodo Echeverrista, como el que se planteó con la eliminación de todas aquellas empresas públicas que resultaron ineficientes, y que no cumplieron los objetivos sociales planteados, así como crear otras consideradas como prioritarias en regiones y sectores dinámicos de la economía.

El descubrimiento de los nuevos yacimientos petroleros y el aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, permitirían al Estado el respaldo de las acciones tomadas para el desarrollo nacional.

El crecimiento se acelero rápidamente desde 1978 como se observó en el Producto Interno Bruto (PIB), que obtuvo un 8.4% en promedio de 1978 a 1981, cuando en 1977 lo había hecho de sólo un 3.4%. Este elevado promedio se explicó así por los ajustes que el gobierno realizó hacia es año de 1978, donde el expansivo gasto público fue determinante en el proceso.

Fue esta expansión del gasto público lo que permitió que se fortalecieran las actividades del capital privado, creando un crecimiento del PIB y un elevado numero de empleos. El mismo efecto de bonanza propició demanda de bienes producidos en el país, así como importados que crecieron a tasas muy elevadas, lo que determinaba la dependencia del aparato productivo hacia el exterior.

Esa demanda pudo ser atendida con capacidad productiva interna, pero mayormente con importaciones las cuales fueron posibles por el aumento gradual de las exportaciones petroleras, así como de una activa contratación de crédito externo del gobierno y de los particulares.

De esta forma, las exportaciones de productos manufacturados comenzaron a perder importancia relativa en el total de las exportaciones, en contraste con la industria petrolera que aumentaba considerablemente. Esta estrategia fue trascendente en la medida en que perdió dinámica el impulso de las exportaciones manufacturadas iniciado por el gobierno anterior, hasta en grado de convertir a la economía mexicana en una economía puramente petrolera. El resultado: depender exclusivamente de las expectativas que pudiera tener este recurso, por lo que, al sufrir severos desequilibrios la economía también resentiría esos efectos.

Se puede resumir que el sector petrolero no permitió por sí solo equilibrar las finanzas del Estado, dado el expansivo gasto que realizó, ni balancear el crecimiento comercial del país con el exterior, lo que reflejó la fuerte dependencia del aparato productivo del país respecto al auge petrolero. El horizonte de buenos ingresos cayó hacia 1981 y 1982, agravando los desequilibrios estructurales padecidos años atrás.

1. Consulta con tu profesor, así como en libros y revistas sobre los años 1982 y 1983, para explicar si con lo nuevos planteamientos del gobierno en turno se pretendió transformar de manera radical el modelo de desarrollo que venía operando en el país, o si continuó con el mismo.